Los dos principales sindicatos de España, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), expresaron hoy aquí su rechazo a una eventual revalorización salarial sólo vinculada con la productividad, informó Prensa Latina.

Si el Gobierno pretende utilizar este debate para recortar remuneraciones tropezará con nuestra rotunda oposición, advirtió este miércoles Cándido Méndez, secretario general de UGT.

En declaraciones a la televisora Antena 3, Méndez aclaró que la negociación para reformar los convenios colectivos compete a los gremios y a las organizaciones empresariales, motivo por el cual, enfatizó, el poder central tiene poco que decir en esta cuestión.

Los agentes sociales (sindicatos y patronal) pactaron un calendario de reuniones discretas hasta la primera semana de marzo próximo, fecha tope que les concede la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en la citada materia.

La polémica sobre el tema surgió luego de abogar el Banco de España por eliminar la posibilidad de ligar la revalorización de los sueldos de los trabajadores a la inflación, al considerarlo un residuo y un obstáculo para el ajuste de la economía. Esa posición fue respaldada hoy por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), tras defender que los salarios se asocien a las condiciones de cada empresa y a su productividad, en lugar de atarlos a la subida del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según Méndez, las entidades financieras carecen de fuerza moral para hablar sobre la productividad salarial, cuando tienen una gran cuota de responsabilidad en la crisis, y menos aún intentar dar consejos a quien no los necesita.

Manifestó que el modelo de determinación de mensualidades en España incorpora tres aspectos: la previsión de inflación, una cláusula de revisión salarial y el reparto negociado del rendimiento de las empresas.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunció la víspera que lo que busca el Banco de España y no se atreve a pedir es un recorte de las pagas.

Lo que se pretende es una devaluación salarial, que (las remuneraciones) sean un elemento de devaluación para la competitividad, remarcó.

Su homólogo de CC.OO., Ramón Górriz, calificó de ejercicio de inmoralidad la pretensión de la entidad supervisora, porque supondría imponer a los trabajadores una pérdida de poder adquisitivo.