El Gobierno ecuatoriano llamó a las comunidades y nacionalidades
indígenas a desestimar los pedidos de levantamiento de algunos de
sus dirigentes, identificados con la oposición.
La ministra de Coordinación de la Política, Doris Soliz, precisó
que "el gobierno espera que las comunidades no caigan en esta
provocación porque no hay razón".
Aclaró que el Ejecutivo no tiene nada que ver con la detención
del dirigente indígena José "Pepe" Acacho y otras personas ordenadas
por el sistema judicial.
Recordó que los detenidos están vinculadas con el delito de
sabotaje, cierre de vías y un paro violento que protagonizaron hace
más de un año, en Macas, el cual provocó la muerte del maestro shuar
Bosco Wizuma.
Los dirigentes shuar Pepe Acacho, Pedro Mashian y Fidel Kaniras
fueron detenidos, por disposición de la autoridad judicial
competente, "no por ser dirigentes indígenas, sino porque
transgredieron las normas legales y constitucionales vigentes",
precisó Solíz.
Investigaciones forenses posteriores determinaron que Wizuma
murió de impactos de perdigones usados por los indígenas, e incluso
permitieron identificar a Fidel Kaniras como presunto culpable de la
muerte del profesor de la comunidad.
"Las nacionalidades y pueblos indígenas deben estar tranquilos y
serenos. Nuestro gobierno ratifica el compromiso con la agenda de
respeto y promoción de los derechos de los pueblos y nacionalidades
indígenas", insistió Solíz.
Recordó que una prueba de este compromiso fue la presencia este
miércoles del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en las
comunidades indígenas de Pastaza, donde entregó títulos de propiedad
por más de 200 mil hectáreas de tierra a las comunidades de ese
sector.
Según reporte de Prensa Latina, el Jefe de Estado recordó en esa
visita que fue a través de la radio indígena Arutam, que Acacho
convocó a las comunidades shuar de Morona Santiago a salir a las
carreteras y vías para protestar de forma violenta con lanzas
envenenadas y machetes.
Comentó finalmente Solíz que el Gobierno ecuatoriano trabaja para
la creación de las circunscripciones territoriales indígenas, y la
protección de sus derechos individuales y colectivos.