Los manifestantes tomaron la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y
las carreteras a nivel nacional, en repudio a la eliminación del
decreto 18-2008, promulgado durante la administración del depuesto
presidente Manuel Zelaya.
Anteriormente, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró
inconstitucional el mencionado decreto, conocido como Ley de
Expropiación.
El texto legal, promovido por Zelaya, y aprobado en mayo del 2008
por el Congreso Nacional, tenía como objetivo expropiar las tierras
ociosas a través del Instituto Nacional Agrario, para beneficiar a
unas 20 000 familias campesinas.