No todas las tierras declaradas ociosas están hoy en poder de laboriosos hombres y mujeres, pero es evidente que la situación tiende a la mejoría.

La estrategia radica en diversificar las áreas y trabajar para que no quede un solo cordel vacío.

Así lo confirma el más reciente análisis sobre la marcha de este programa: del casi millón 180 mil hectáreas entregadas en usufructo a los beneficiados por el Decreto-Ley 259, más del 70%, está en la fase de "puesta en uso", es decir, preparación de los suelos, siembra o producción.

Quiere esto decir que hay un 30% de tierras entregadas sobre las que no se ha hecho nada y que por la propia disposición se les puede quitar ante la ociosidad.

Los datos oficiales del Centro Nacional de Control de la Tierra, del Ministerio de la Agricultura, computados hasta el 11 de enero, confirman que pese a esas entregas todavia el 40% de la tierra nacional esta ociosa.

Hay municipios con tierras muy fértiles y de eficiencia agrícola donde apenas quedan tierras ociosas (como señalan los especialistas, están sellados), pero en la mayoría quedan determinadas áreas en "silencio productivo". A estos corresponde la misión de borrar la actual diferencia entre el fondo de tierras ociosas y las entregadas.

Precisamente el lineamiento 176 contenido en el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, plantea continuar reduciendo las tierras improductivas y aumentar los rendimientos mediante la diversificación, la rotación y el policultivo.

A su vez, el 177 considera la necesidad de lograr que la entrega de tierras en usufructo propicie que los resultados productivos se asemejen a los actuales del sector cooperativo y campesino, donde el productor no será un asalariado y dependerá de sus ingresos.

El ingeniero Pedro Olivera Gutiérrez, director del Centro, explicó a Granma que de las 155 660 solicitudes hechas, fueron aprobadas 128 435 y denegadas 7 360. Estas últimas corresponden a personas que no cumplen los requisitos establecidos por el Decreto-Ley o pidieron tierras no ociosas.

Llama la atención, subrayó, que el 15% de los solicitantes sean agricultores pequeños interesados en ampliar sus fincas al incorporarles suelos colindantes. Estos ya poseen algún grado de organización, disciplina de trabajo y aperos de labranza que facilitan su gestión productiva.

De los primeros interesados en ser favorecidos por el Decreto-Ley llegan signos alentadores por la imagen positiva que transmiten sus resultados y en el empleo racional de la tierra.

Nicolás Aguiar Corzo, de la Empresa Agropecuaria Nueva Paz, es de los que aprovechó bien la ampliación de su finca para generalizar la diversificación, producir más e incrementar los rendimientos. Fue de los primeros en responder a lo planteado en el documento que oficializó la incorporación de nuevas tierras.

Nicolás fue de los primeros que en Nueva Paz se benefició con el Decreto-Ley 259, al ampliar las tierras que ya cultivaba.

Ahora se siente feliz al ver consolidados los frutos de su esfuerzo en campos antes convertidos en hospedajes de malezas y aislados brotes de marabú y ratifica algo esencial: no podemos darnos el lujo de tener un solo espacio vacío. Deberá desaparecer para siempre la desagradable imagen objeto de reiteradas críticas.

Este es apenas un botón de muestra de los millares que, pese a las limitaciones con machetes, mochas, limas, guatacas y otros implementos, dan igual respuesta o marchan en pos de hacerlo.

La evaluación sobre el destino de las tierras entregadas y los convenios suscritos, demuestra que la actividad pecuaria en general ocupa 727 641,9 hectáreas, la mayor de las superficies pedidas. En segundo plano aparecen los cultivos varios, con 281 439,5 hectáreas; después están, en escala descendente, el arroz, café, caña, frutales y el tabaco.

Pese a los errores cometidos en ciertos lugares por el desconocimiento, la burocracia y la falta de rigor en los trámites, el ingeniero Olivera califica de favorable el camino andado desde el 17 de septiembre del 2008, fecha en que comenzaron las solicitudes.

Ve con optimismo el futuro atendiendo a la actitud del 85% que, sin tener hábitos de trabajo agrícola, poca o ninguna experiencia y carecer de suficientes implementos, fomentan con seguridad las áreas que recibieron. Buena parte de ellos, aseguró, son jóvenes que anticipan una nueva generación de trabajadores del campo.

El deseo de todos, dijo, es que el proceso gane en velocidad, pero debemos reconocer cierta lentitud en las gestiones, a lo cual se une la tardanza de organismos poseedores de tierras asediadas por el marabú y otras malezas y que no acaban de declararlas ociosas, pese a la insistente demanda de cumplir esa disposición por necesidad de aumentar la producción agrícola.

Entre las deficiencias más frecuentes citó las dilaciones injustificadas para ubicar las tierras a los solicitantes, retraso en completar los expedientes y demora de las comisiones de asuntos agrarios del municipio responsables del análisis y la propuesta final.

El acto de entrega no significa un punto y aparte. Al contrario, insistió en la importancia de no descuidar posteriores evaluaciones para comprobar el estado del convenio anual, verificar las contrataciones y evitar ilegalidades.

En una primera instancia, para agilizar los trámites el Estado se hizo cargo económicamente de la certificación, que tras el correspondiente estudio, marca los linderos, así como del pago de los medios recibidos por el usufructuario. La situación de hoy es otra y corresponde a cada quién, según las vías y formas establecidas, enfrentar esos pasos.

Los técnicos del Centro Nacional mantienen una constante revisión para llevar al día todos los indicadores del proceso, los cuales van desde el fondo de tierras ociosas hasta las entregadas y puestas en uso. Por eso cada seis meses recorren las provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud para ser objetivos en las precisiones. Se trata, reiteran, de apreciar en vivo lo que se declara y no atenerse únicamente a los informes que, a su vez, proceden de otros a veces imprecisos.

Las fuentes consultadas por Granma señalaron que, por ejemplo, es obligada la periódica actualización del fondo de tierras ociosas debido a los cambios ocurridos desde el comienzo, en septiembre del 2008, hasta la fecha.

Olivera Gutiérrez reconoció que pudo haberse trabajado mejor, pero estima positivo que de las 1 002 reclamaciones hechas, solo 227 fueron declaradas con lugar.