El Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis, CODESA,
exige la apertura de una investigación sobre todas esta violaciones
y detener el enjuiciamiento militar.
"Te atan un palo a la espalda con los brazos abiertos y te
cuelgan del techo. También te queman la piel con cigarrillos, te
meten botellas de coca cola por el ano". Con explicaciones como esta
bajo el brazo han salido los abogados Arguibe La Habieb y Basil
Hammad, pertenecientes al Colegio de Agadir, de la prisión de Salé,
donde permanecen encarcelados sus representados, a la espera de que
vuelvan a señalar fecha para la vista, una vez culmine la fase de
instrucción, ante el magistrado del Tribunal Militar de Rabat.
Según asegura CODESA, los detenidos han sufrido sistemáticamente
diversos tipos de tortura y violación de los derechos humanos por
parte de la policía, tanto durante su detención como en su
reclusión, bajo responsabilidad ya de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
El relato de los abogados, uno por uno, es estremecedor: "Mohamed
Embachir, detenido el 19 de noviembre, permaneció en la comisaría de
El Aaiún largo tiempo con los ojos vendados, esposado y sin ropa;
antes de ser llevado a la comisaría, durante el interrogatorio, fue
violado con un objeto metálico que introdujeron en su recto, sufrió
descargas de electricidad, especialmente en las uñas de las manos y
los pies, todo ello acompañado de insultos, privación de sueño y
alimentación. Los abogados aseguran que debido a la violación
sufrida, Elbachir continúa sangrando abundantemente".
Abdallah Lekhfaoini, miembro de la Comisión de Negociación del
Campamento, llegó a perder la conciencia durante el interrogatorio;
Zaoui Elhoucein, también de esa Comisión, tiene dificultades para
mantener el equilibrio y articular palabras como consecuencia de la
tortura; Abdallah Toubali tiene "marcas visibles en todo el cuerpo,
especialmente en la cabeza"; Hassan Dah, que sufre complicaciones
graves en todo el cuerpo por atrocidades similares, fue acusado por
los agentes del servicio secreto marroquí "de ser el corresponsal de
la radio y la televisión del Frente POLISARIO y la persona que les
informaba sobre el campamento Gdeim Izik", que nunca pisó; Daish Daf,
Mohammed Al-Ayoubi, Abdeljalil Laaroussi, Mohamed Bourial, Cheikh
Banga, Mohammed Bani, Taki Elmachdoufi, Sidi Abdallah, todos relatan
prácticas similares.
Ennaama Asfari, licenciado en Derecho Público Internacional y
presidente de la Comisión para la defensa de los derechos humanos en
el Sahara Occidental, con sede en Francia, no sufrió, al parecer,
torturas, pero sí malos tratos desde su detención el mismo día que
desmantelaron el campamento, al igual que Ahmed Sbai, Mohamed Tahlil,
Bachir Khadda, Abdel Rahman o Mohamed Lamin, cuya detención, en
opinión de los activistas saharauis, puede ser debida a que el 20 de
noviembre tenía previsto reunirse con dos doctoras belgas, Marie-Jeanne
Wuidar y Ann Collier, quienes habían viajado hasta El Aaiún para
visitar algunas de las víctimas de la represión; ambas fueron
expulsadas del territorio y Lamin, detenido.
Lo que CODESA quiere destacar es que todos, de un modo u otro,
han sido sometidos a malos tratos, torturas y violaciones en la sede
de la Dirección de Vigilancia del Territorio, y en su mayoría fueron
detenidos por paramilitares armados y enmascarados; después, todos
han sido obligados siempre a firmar o poner su huella en los
informes de la policía judicial "con los ojos vendados sin poder
leer, ver o escuchar lo que decían". La mayoría de ellos
comparecieron descalzos y gravemente heridos ante la Fiscalía
General del Tribunal de Apelación de El Aaiún o del Juez del
Tribunal Militar de Rabat, y siguen sufriendo los efectos de todo lo
que padecieron sin recibir tratamiento médico en la cárcel.
No mejoran, claro, las cosas en la prisión. Además de no recibir
esa atención médica, las autoridades, según la denuncia de los
abogados defensores, incumplen todas las normas sobre los derechos
de los presos en cuanto a la pertenencia de efectos personales, los
registros, el aislamiento o las visitas. Además de exigir una
investigación sobre las torturas, CODESA pide que sean enjuiciados
sus ejecutores y, más allá de eso, que se detengan los procesos
militares a civiles.