A Portillo lo acusan de apropiarse de 120 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares al cambio actual) de aquella institución y desviarlo hacia cuentas suyas y de familiares cercanos.

El proceso en su contra comienza este miércoles con las primeras sesiones de debate oral y público, tras negar la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia una petición de la fiscalía para llevarlo a un tribunal de alto impacto.

Este caso resulta histórico en Guatemala por ser el único ex jefe de Estado aprehendido y sometido a la justicia por algún tipo de imputación.

Al término de su período presidencial Portillo huyó del país y pasó cuatro años en México, hasta ser extraditado por las autoridades en aceptación de un reclamo de sus pares guatemaltecas cuando supuestamente se entregó voluntariamente.

Al llegar a esta capital en octubre de 2008 no fue a la cárcel tras el pago de una alta fianza y así se mantuvo hasta enviar un tribunal de Estados Unidos en enero de 2010 una solicitud de extradición, por haber lavado dinero en bancos de aquel país.

Dicha petición, por blanqueo de al menos 70 millones de dólares robados a las arcas públicas, provocó se librara aquí una orden de captura, pero el otrora gobernante había desaparecido.

Varios días después fue detenido por fuerzas de seguridad en un sitio turístico del nororiente, desde donde presuntamente pretendía huir por mar hacia Belice.

Desde aquel momento permanece en prisión preventiva y una orden judicial dejó firme la aprobación de ser extraditado hacia Estados Unidos para someterse a juicio, lo cual en última instancia debe decidir el Presidente de la República.

La defensa de Portillo intentó varias evitar el envío de su cliente con el argumento de la no inclusión de ese delito en los tratados internacionales suscritos por esta nación con México y Estados Unidos.