Autoridades académicas de Chile abogaron por la defensa de la
enseñanza pública en el país, en medio de un contexto de trámites
legislativos en torno a una polémica reforma educacional, reporta
Prensa Latina.
El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, consideró que
la proyectada iniciativa gubernamental requiere tiempo de análisis y
participación de los principales actores del proceso docente en
Chile.
Una ley de educación debe ser lo más participativa posible, lo
más abierta posible de manera de que todos los sectores sientan que
están construyendo en conjunto una ley con mirada de país, opinó
Pérez.
El académico llamó en ese sentido a poner fin a las tremendas
inequidades de Chile en materia educacional y a frenar el rumbo
privatizador de la citada reforma.
Por su parte el presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, abogó porque al menos el 40 por ciento de los centros
escolares chilenos sean públicos y cuenten con los recursos
necesarios para garantizar una educación de calidad.
La recurrente norma en su aspecto original, opinó Gajardo,
agudizará las desigualdades del sistema educacional chileno.
Entre los ingredientes de la reforma más criticados, sobresale la
intención de reducir las horas de clases destinadas a las
asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales a favor de
otras como Inglés y Matemáticas.
La disminución de horas de Historia generará más debilitamiento a
nuestra precaria identidad nacional. Esto ataca la memoria histórica
de la nación, promueve el desarraigo y la vulnerabilidad ante
culturas foráneas, por tanto es una medida atentatoria contra el ser
humano, manifestó la profesora María Bonifaz.
El concepto de calidad que utiliza el actual gobierno de Chile es
sesgado -alertan analistas- y responde más a exigencias foráneas de
instituciones defensoras del gran capital que a las necesidades
reales de uno de los países más desiguales del mundo.