Un tribunal federal argentino inició este jueves en Buenos Aires
el juicio contra cerca de una veintena de presuntos represores de la
dictadura militar, el primer proceso por crímenes de lesa humanidad
en 2011, reporta Prensa Latina.
Los implicados fueron jefes u oficiales de la Escuela Superior de
Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de
detenciones durante el régimen castrense.
En la nómina de 18 ex militares acusados sobresalen los ex
capitanes Alfredo Astiz, el llamado Angel de la muerte; y Jorge
Eduardo Acosta, quien presuntamente tomaba las decisiones sobre
tipos de torturas y destino de los prisioneros de la ESMA.
Grupos de derechos humanos estiman que por ese lugar pasaron
cerca de cinco mil personas, 90 por ciento de las cuales
desaparecieron entre marzo de 1976 y noviembre de 1983.
Documentos judiciales informan que testimoniarán en las
audiencias de este jueves y del venidero 27 de enero cerca de 80
sobrevivientes, mientras otros 164 ya ofrecieron sus testimonios
durante el pasado año.
Los ex militares son culpados por el asesinato de dos monjas
francesas, de una joven con nacionalidad suiza, así como por el
martirio y persecución de cerca de 80 opositores políticos, entre
ellos el periodista Rodolfo Walsh.
Un juzgado local reabrió la causa contra los oficiales de la
Escuela de la Armada en 2006, tras la derogación de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, que justificaban las acciones
represivas durante la dictadura por un supuesto cumplimiento del
deber.
En diciembre pasado, el ex dictador Jorge Videla y el ex jefe del
Ejército Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua,
mientras más de 40 personas, entre civiles y ex oficiales recibieron
penas diversas.
Durarante 2010 fueron sentenciados 110 ex represores, cifra que
supera el total de los 26 años anteriores, sin embargo, menos de la
mitad de ellos cumple prisión actualmente.
De hecho, un informe judicial difundido esta semana aseguró que
la mayoría de los 196 condenados desde 2006 hasta la fecha están
libres.
Según el documento, del total de culpables, sólo 41 permanecen
encarcelados, mientras los otros 155 esperan en sus casas, tras
apelar ante la Cámara Nacional de Casación o la Corte Suprema de
Justicia.