Para la comunidad campesina del Valle de Bajo Aguán en Honduras, lo cotidiano es la defensa del derecho a la vida y a la tierra. A golpe de efectivos armados son obligados hombres, mujeres y niños a abandonar el lugar que habían recuperado de los terratenientes. El escenario que muestra el asentamiento hoy es el de una guerra contra quienes solo buscan recuperar su espacio para la subsistencia.

Los campesinos son obligados a abandonar las tierras que habían recuperado de los terratenientes.

Rafael Alegría, líder de La Vía Campesina, recordó que en el Aguán, el conflicto comenzó en la década del noventa, cuando cuatro empresarios "a través de artimañas, corrupción y represión" se apoderaron de tierras que habían sido entregadas a los campesinos.

"La ley de reforma agraria aprobada hace décadas prohíbe la venta de los terrenos adjudicados a través de esa norma, por lo que los terratenientes las poseen de forma ilegal y los campesinos luchan por recuperarlas", dijo.

La colonización del Bajo Aguán fue posible por la falta de voluntad política para frenar el latifundio. Durante años, se promovió la concentración de la propiedad en terrenos cada vez más grandes, política neoliberal que potenció el desempleo. Los terratenientes aplicaron medidas propias de la racionalidad empresarial salvaje, utilizando menos mano de obra con bajísimos salarios, e impidieron la utilización de tierras para determinados usos productivos.

El golpe de Estado del 2009 agudizó el conflicto y alejó toda posibilidad de negociación. Honduras es hoy uno de los países de la región con mayor desigualdad social, donde solo el 1% de los productores concentra la tercera parte de los terrenos más fértiles.

Los campesinos organizados en el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), decidieron tomar tierras en ambas márgenes del río homónimo, en diciembre de ese mismo año. A partir de ese momento se producen desalojos y ocupaciones constantes, siempre signados por la violencia.

Dirigentes del MUCA reclamaron, además, una reforma agraria integral y acceso a los servicios de salud y educación.

Los resultados de tal conflicto son trágicos. Las comunidades campesinas viven bajo amenaza de los cuerpos represivos.

A mediados de diciembre, los lugareños bloquearon una carretera para exigir el cese de la militarización y el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno en abril del 2010, y la respuesta de los miembros del ejército y la policía fue otro desalojo violento.

Las autoridades se habían comprometido a entregar 11 000 hectáreas a las familias asentadas en el valle, sin embargo, el pacto no se ha cumplido y siguen las expulsiones.

"Hasta el momento no se ha concretado absolutamente nada en materia legal", denunciaron las organizaciones campesinas en un comunicado publicado por el diario El Libertador.

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) pidió a las autoridades y organizaciones de derechos humanos internacionales que "presten atención a lo que sucede en Honduras, donde la vida y la integridad humana son irrespetados sistemáticamente".

De acuerdo con el FNRP, cientos de militares y policías golpearon a varios vecinos y detuvieron a decenas de personas con el objetivo de ocupar la comunidad Guadalupe Carney, en el Bajo Aguán.

Las noticias dan cuenta de que la suma de desplazados ya llega a 5 000.

Profesionales de la salud de la región alertaron sobre el riesgo de enfermedades en la comunidad debido a la falta de condiciones para socorrer y hospedar a tantas personas.

Entretanto, llueven las acusaciones al gobierno por entablar una "guerra convencional", contra los campesinos. Tales aseveraciones quedaron contenidas en un documento divulgado por la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas, (COMPA).