La subvención estatal para mantener baratos los precios de los carburantes es como un cáncer que destroza de manera gradual la economía, afirmó hoy el presidente boliviano, Evo Morales.

El jefe de Estado explicó por qué en días pasados propuso la nivelación de las tarifas de los carburantes respecto a las vigentes en la región y consideró necesario retomar la iniciativa para acabar con la fuga constante de capitales del erario público por cuenta del contrabando de estos.

Durante un acto, en la localidad altiplánica de Patacamaya, Morales enfatizó en que con esa medida -derogada por voluntad popular- sólo pretendía que Bolivia dejara de desembolsar ingentes recursos por ese concepto y reinvertir esos fondos en programas de desarrollo de amplio alcance social.

Pese a que las organizaciones sociales apoyaron el Decreto Supremo 748, promulgado el pasado 26 de diciembre, la oposición de derecha alentó manifestaciones de protesta que confundieron al pueblo, por lo que el Gobierno lo abrogó, recordó el mandatario.

No obstante, acotó, quedó abierto el debate sobre el asunto y muchos comprendieron la importancia de barrer con las subvenciones, aunque consideraron la disposición muy dura y sugirieron su aplicación gradual.

Morales aseguró que existe el convencimiento de que "tarde o temprano hay que acabar con las subvenciones, porque no es posible que unos pocos se enriquezcan y la mayoría quede cada vez más pobre".

Igualmente, enfatizó, las autoridades gubernamentales salvaron su responsabilidad ante la historia al proponer la eliminación de una de las principales causas del desangramiento de la economía nacional.

El jefe de Estado garantizó que su Gobierno siempre velará por la economía y los intereses del pueblo: mi Gobierno es del pueblo y obedecerá sus mandatos", puntualizó.

La subvención a las gasolinas y el diesel data de 1997 y fue adoptada por el general Hugo Banzer a favor del sector agroindustrial.

Bolivia desembolsó 108 millones de dólares para importar gasolinas y diesel en 2005 y cuatro años después esta cifra llegó a 666 millones, de los cuales 380 millones eran parte de la subvención y 150 millones fueron al contrabando.