CARACAS, 5 enero.— El Tribunal Supremo de Justicia (TSP) solicitó
hoy a la nueva Asamblea Nacional instalada en Venezuela pronunciarse
en torno a la inmunidad de tres diputados opositores, procesados por
diferentes delitos.
El TSP solicitó en un comunicado al presidente del Parlamento,
Fernando Soto Rojas, designar una comisión especial para seguir los
casos de Biagio Pillieri, Hernán Claret Pérez y José Sánchez, dijo
PL.
En el texto, leído en la primera sesión de la Asamblea Nacional,
la presidenta de la instancia judicial, Luisa Estela Morales, pidió
que se tomaran las previsiones pertinentes para garantizar los
procesos penales.
Siguiendo su petición, Soto Rojas nombró una comisión especial
integrada por Carlos Escarrá, Iris Valera y Edgardo Zambrano para
seguir estos casos.
El equipo después de 30 días presentará un informe ante la
plenaria para garantizar las reglas del debido proceso.
Además podrá recabar la información que considere necesaria para
presentar el documento que decidirá sobre el levantamiento o no de
la inmunidad parlamentaria de estos tres diputados, según lo
establecido en el artículo 200 de la Constitución.
Este miércoles, se realizó el proceso de entrega de credenciales
a los diputados del período legislativo 2011-2016.
De un total de 165 fueron entregadas 162 credenciales a
parlamentarios principales y dos a suplentes.
Los títulos de suplentes fueron entregados a los parlamentarios
sustitutos de Francisco Ameliach (quien se mantiene en su cargo de
ministro del Despacho de la Presidencia) y José Sánchez, alias
Mazuco.
La única credencial no entregada correspondía a Biagio Pillieri,
quien junto a otras ocho personas fue acusado por malversar fondos
públicos, provenientes de la supuesta contratación para prestar
servicios a la municipalidad durante 2000-2004.
Por su parte, Mazuco ha enfrentado diversos procesos judiciales y
fue condenado a 19 años de prisión por homicidio intencional
calificado con alevosía y privación ilegítima de libertad.
En el caso de Pérez Alemán, ex alcalde de Cabimas, fue acusado,
entre otros, por delitos de malversación y evasión de procedimientos
licitatorios.