La sociedad sigue hoy paso a paso el principal hecho noticioso en Guatemala, un atentado con bomba, con sentimientos desde la angustia hasta la indignación y la impotencia ante tanta violencia.

El ataque con un artefacto casero incendiario a un ómnibus de pasajeros en esta capital, con saldo de siete muertos, levantó una ola de condena generalizada y la exigencia a las autoridades de dar con los culpables y castigarlos, informó Prensa Latina.

Esa fue la primera agresión de 2011 a un autobús del servicio público, acción sumada a las habituales de los últimos años que cobran muchas vidas de sus propietarios, conductores, ayudantes y usuarios.

A la condena pública se incorporó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, la cual expresó consternación por el hecho y criticó la situación de inseguridad vivida en el país.

Exhortó a las autoridades a conducir investigaciones prontas, objetivas y eficaces sobre éste y demás ataques cometidos anteriormente, y llamó a sancionar a los responsables, prevenir estos actos y frenar la ola de violencia.

El Estado tiene el deber de garantizar un transporte público asequible, eficiente y seguro para todos sin discriminación, como uno de los requisitos principales para la construcción de espacios en los cuales se ejerzan los derechos de ciudadanía, aseveró.

La explosión del artefacto incendiario ocurrido el pasado lunes dejó como saldo entre los muertos a dos menores de edad junto con su madre, y varios pasajeros con quemaduras.

Como sospechosa de ser la autora fue capturada ayer una mujer de 19 años, al parecer integrante de una facción de la pandilla mara 18, perseguida por las autoridades al atribuirle la agresión.

En la única reacción oficial conocida hasta el momento, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente ofreció hacerse cargo de los gastos funerarios de las siete personas fallecidas.

Además, cubrir el costo de los medicamentos, especialmente los tratamientos dermatológicos recetados a quienes resultaron heridos, y la entidad realiza estudios socioeconómicos para determinar la factibilidad de brindarles otro tipo de ayuda, según un comunicado.