El pasado 8 de diciembre un incendio en el penal de San Miguel, en la capital chilena, provocó el fallecimiento de 83 reclusos. Murieron calcinados, a la vista de los funcionarios de Gendarmería, institución encargada de la administración y vigilancia penitenciaria en el país.

La tragedia de San Miguel sacó a la luz el grado de hacinamiento y precariedad en las cárceles chilenas.

Testigos aseguraron que las llamas no fueron fáciles de controlar por el hacinamiento de los reclusos en el recinto y el difícil acceso de los servicios de emergencia al lugar.

De acuerdo con los informes, en un primer momento el personal de Gendarmería no permitió el ingreso de los bomberos, lo que provocó la desesperación de los reos y de las familias que se encontraban apostadas en las afueras de la cárcel.

En el presidio había alrededor de 1 900 internos, cifra que excedía la capacidad del lugar, que está diseñado para 800.

El hecho, considerado la mayor tragedia en la historia penitenciaria de Chile, dejó en evidencia, entre otras cosas, el colapso del sistema carcelario en el país sudamericano. Fue, además, el detonante de una serie de disturbios y huelgas que se han llevado a cabo en prisiones en las últimas dos semanas, como la reciente revuelta en un penal de Antofagasta, que dejó heridos a 36 reclusos y siete gendarmes.

Según Telesur, el propio director regional de Gendarmería, René Salcedo, admitió que las inhumanas condiciones penitenciarias fueron la causa principal del motín, concebido para 680 internos y que alberga a más del doble.

Salcedo señaló, además, que unos 800 reclusos de esta cárcel protagonizan una huelga de hambre en demanda de mejora de las condiciones y en solidaridad con otros que ayunan en la de San Miguel.

Otro incidente se registró en la cárcel de Quillota —con capacidad para 300 internos y que aloja actualmente a 600.

Sobre el tema, diarios chilenos como El Mercurio y La Tercera se refirieron a las condiciones de hacinamiento, la conflictividad entre los reos y los problemas de vigilancia que caracterizan a los recintos penales.

Al respecto, Liza Zúñiga, investigadora del Programa de Seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile (FLACSO), afirmó que el problema de aglomeración en las cárceles chilenas tiene que ver con la política criminal del país, que "privilegia la privación de la libertad" como forma de castigar el delito. "Chile tiene la tasa más alta de presos por habitante de América Latina", apuntó.

Según el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, el país cuenta con 318 presos por cada 100 000 habitantes.

Estos hechos ocurren en momentos en que la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, le reclama al Gobierno chileno que permita a los observadores visitar las prisiones.

En declaraciones a la prensa, Pillay dijo que "luego de esta tragedia la prioridad de la ONU es asegurarse que el Gobierno investigue no solo esa, sino todas las prisiones en Chile".

En el 2004 había 38 000 presos en una infraestructura apta para albergar solo a 24 000, y el incremento de la población recluida fluctuaba entre 7 y 9%, según un artículo del Programa de Seguridad y Ciudadanía de FLACSO en Chile.

La respuesta a esta situación fue implementar un nuevo modelo de gestión penitenciaria que enfatizaba la construcción de recintos carcelarios con administración público-privada.

Influenciada por un contexto internacional que privilegia la privatización de las cárceles y con un sistema penitenciario en crisis, la solución diseñada fue el llamado proceso de Modernización del Sistema Carcelario.

Sin embargo, la experiencia demuestra que la privatización de las cárceles no es muy auspiciosa en términos de incremento de la efectividad de los programas de rehabilitación.

En los países donde se ha aplicado provocó problemas de orden ético, político, normativo y jurídico (violaciones a los derechos humanos, explotación de mano de obra a bajo costo, endurecimiento de penas, entre otros).

A finales de los 90, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) visitó más de 70 cárceles de 21 países latinoamericanos (entre ellos Chile), y en su informe reflejó que, aun cuando la sociedad necesita defenderse del comportamiento criminal que pone en peligro su tranquilidad, eso no justifica que, en sentido general, los sistemas penitenciarios latinoamericanos estén en abierta contradicción con las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos.

"Desde el pretexto del legítimo derecho a la seguridad que reclaman los ciudadanos, en no pocos países de la región, las cárceles se transforman en depósitos de personas ante la ausencia de políticas penitenciarias", añadió el documento.