La posibilidad de debatir entre todos sobre el futuro de la Revolución, como principio de genuina democracia, convocó a los afiliados de la sección sindical de la Unidad Básica Empresarial de Energética, en la fábrica Antillana de Acero, a analizar el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

A ellos, el incremento de las facultades empresariales para decidir sobre los recursos materiales y financieros, dentro de los marcos del plan, les suscita múltiples expectativas.

Los trabajadores resaltaron la importancia de participar en la confección del plan.

¿Hasta qué punto podrán disponer los directivos? ¿Ya no será necesario consultar al Grupo o al Ministerio para solucionar cualquier problema interno?, preguntó Arturo Martínez.

El plan es y será el centro de toda la actividad económica, por lo cual los directores podrán desarrollar cualquier operación financiera siempre y cuando esté contemplada en este, esclareció Rodrigo Rodríguez, consultor de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba.

De ahí la importancia de que todos los trabajadores participen en su conformación, porque desde el conocimiento de la actividad realizada se puede aportar más en cuanto a lo necesario, ya sea a corto plazo o desde el punto de vista estratégico.

Daniel López, mecánico en refrigeración, destacó lo acertado del Lineamiento 14, referido al control de la gestión empresarial mediante mecanismos económico-financieros y no administrativos, pues urge suprimir controles que en ocasiones frenan el desarrollo productivo y ponen en riesgo la rentabilidad de la empresa, haciéndola caer en pérdidas.

Por su parte, el trabajador eléctrico Lázaro Hernández puso especial énfasis en el Lineamiento 58, vinculado al fomento de la cultura tributaria y la responsabilidad de los ciudadanos y entidades en el cumplimiento de sus obligaciones, para contribuir al sostenimiento de los gastos sociales.

Hubo consenso en la importancia de eliminar la dualidad monetaria, debido a las ineficiencias que esta situación traslada al sector empresarial, pero ello no puede implicar dañinos apresuramientos.

El capítulo IV sobre la Política Inversionista intensificó el debate. El técnico Eduardo Arla criticó el modo de ejecutar muchas inversiones sin tener en cuenta la opinión de los obreros en la base; los encargados se ciñen a la propuesta de un "especialista" que, en la mayoría de los casos, ni siquiera ha visitado el lugar; y expresó la necesidad de incrementar la exigencia en los estudios de factibilidad y en el cumplimiento de los contratos.

Afloraron en el debate las preocupaciones relacionadas con el incremento del salario. En ese sentido, Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Secretario General de la CTC, apuntó que resulta imprescindible romper el igualitarismo para destrabar los nudos de la productividad y que cada cual reciba según su aporte. Además, quedó claro que solo el crecimiento productivo garantizará el aumento de los ingresos.

Sobresalió en el análisis de los obreros la demanda de rescatar el insustituible papel del profesor, el perfeccionamiento de la enseñanza y el uso complementario de los medios audiovisuales.

La trabajadora Francisca Patiño insistió en la importancia de aprovechar las capacidades agroindustriales que garanticen el autoabastecimiento territorial, y planteó que deberá retirárseles la tierra a quienes no la hagan producir. Mientras, Arturo Martínez abogó por la eficacia, aún inexistente, en los mecanismos de distribución y comercialización.

Al abordar el tema del transporte, Luis Armando manifestó que el país ha invertido mucho dinero y se aprecia un deterioro considerable, unido a la desorganización, la cual propicia que veamos pasar tres guaguas juntas por una parada y después los ciudadanos esperen dos horas.