El presupuesto de Ecuador para el 2011 por 23 mil 950 millones de dólares y la programación cuatrienal aprobados por la Asamblea Nacional priorizan el desarrollo social, contrario a gobiernos anteriores que privilegiaban el pago de la deuda externa.

Así lo destacó la ministra ecuatoriana de Política Económica, Katiuska King, quien informó que el área social tiene la mayor participación (27 por ciento) dentro del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual implica inversiones públicas por mil 267 millones de dólares, reporta Prensa Latina.

El presupuesto y su programación para cuatro años fue aprobado la víspera por la Asamblea Nacional con 64 votos a favor, 48 en contra, uno en blanco y dos abstenciones, de un total de 115 legisladores presentes.

El presupuesto se aprobó con las observaciones formuladas por el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y el presidente de la Comisión Especializada del Régimen Económico, Francisco Velasco.

Las puntualizaciones se refieren a revisar las cifras y datos en torno a las asignaciones a Bienestar Social, en donde se encuentran el Proyecto de Transferencia de Tecnología y Apoyo a los Agro-negocios Rurales del Pueblo Montubio.

También se acogió la puntualización sobre más presupuesto para el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), y revisar para aumento el presupuesto asignado a la Función Legislativa y Defensoría Pública.

Una de las prioridades del presupuesto para el 2011 es elevar los ingresos del país para conseguir y mantener el mayor nivel de gasto público que demanda la inversión social y productiva, que contribuya al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza.

La política que sustenta el escenario fiscal de mediano plazo implica el fortalecimiento de la gestión tributaria y arancelaria, según los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

En torno a la política tributaria, contempla el impulso para el desarrollo de actividades productivas por medio de incentivos tributarios que permitan un repunte de la inversión que realiza el sector privado en el territorio nacional con beneficios fiscales.