BOGOTÁ, 29 noviembre.— El ex presidente colombiano Álvaro Uribe fue denunciado penalmente hoy ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por crímenes de lesa humanidad.

La demanda fue interpuesta por un grupo de 35 personas y organizaciones no gubernamentales, víctimas de espionaje ilegal por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).

En la denuncia, las víctimas del DAS alegan que lo sucedido en esa controvertida institución siguió lineamientos y directrices desde la Presidencia en contra de más de 300 personas y con pleno conocimiento del ex mandatario.

Así según consideraron- lo demuestran la coherencia entre los discursos presidenciales de Uribe que atacaban a quienes al mismo tiempo estaban siendo objetos de seguimientos ilegales, interceptaciones electrónicas y telefónicas sin orden judicial, amenazas, montajes y campañas de desprestigio.

A lo que se suman labores de inteligencia y contrainteligencia por parte del DAS.

Para los denunciantes, es claro que los crímenes cometidos desde la policía secreta, adscrita y dependiente jerárquica y funcionalmente del presidente, constituyen persecución política y tortura psicológica, delitos considerados como de lesa humanidad.

Fuimos sometidos a espionaje y a tortura psicológica, y todas las pruebas apuntan a Álvaro Uribe como autor", afirmó en declaraciones a una radioemisora local el director del semanario Voz, Carlos Lozano, víctima de seguimientos e interceptaciones ilegales.

Por su parte, la periodista Claudia Julieta Duque sostuvo que dicha tortura psicológica fue extensiva a las familias.

En la actualidad Uribe es investigado de manera preliminar por dicha comisión desde hace varias semanas, a raíz del referido escándalo por espionaje ilegal a magistrados, opositores, ex funcionarios, políticos, periodistas y activistas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Sin embargo, los denunciantes consideran que dicha investigación se adelanta a espaldas del país y de las víctimas, y desconoce las pruebas existentes en distintos procesos disciplinarios y penales en torno al caso.

A su vez, reprochan la negligencia de la Comisión de Acusaciones en otras investigaciones contra ex presidentes y solicitan que, en caso de que el proceso llegue a juicio, sea enviado a la Corte Suprema de Justicia por tratarse de delitos ordinarios que no tienen relación con el fuero presidencial.

Son muchas las pruebas que demuestran que el ex presidente Uribe tuvo que ver con este delito", subrayó Lozano.

Entre los firmantes de la denuncia, además de los mencionados anteriormente, se encuentran Clara López, presidenta del opositor Polo Democrático Alternativo; la ex congresista liberal Piedad Córdoba y el representante Iván Cepeda.