La nueva ley de Pensiones en Bolivia, cuyo proyecto evalúan este jueves los diputados capitulo a capítulo, prevé el control social, precisó una fuente gubernamental.

De acuerdo con el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, esos mecanismos garantizarán el buen manejo del aporte de los trabajadores, que será administrado por una gestora estatal, reporta Prensa Latina.

Guillén agregó que la norma establece además sanciones de cinco a 10 años de cárcel para los funcionarios que incurran en delitos de corrupción.

Explicó que la cantidad de recursos que administrará la futura gestora pública de seguridad social es enorme, y por ello el proyecto de ley prevé ocho mecanismos de control que garantizan el buen manejo de los fondos.

Actualmente las existentes administradoras de pensiones (AFP Futuro y BBVA Previsión) tienen un fondo aproximado de cuatro mil 500 millones de dólares que serán transferidos a la gestora fiscal.

La autoridad señaló que entre los mecanismos de vigilancia figuran la creación de un ente fiscalizador, y la implementación del control social que estará conformado por los trabajadores y el sector patronal.

Todas las inversiones que la administradora estatal haga también tienen que estar depositadas en una tercera entidad, no estará en su caja fuerte, esto para que todos sepamos dónde está y en qué se ha invertido , remarcó.

Agregó que se realizarán auditorías tanto a la gestora como a los fondos que administra.

Otra medida de control consiste en que cada seis meses el ente estatal de pensiones pasará un informe detallado de sus funciones tanto al Presidente de Bolivia como a la propia Asamblea Legislativa Plurinacional.