El ministro del Interior, Fernando Barrios, confirmó que
devolverá el dinero cobrado por su cese como presidente del
organismo de Seguridad Social, ante el escándalo desatado por el
insólito pago, reporta Prensa Latina.
Barrios alegó que es legal el cobro del equivalente de unos 67
mil dólares, como indemnización por cuatro años de labor en la
Seguridad Social, pero, ante la controversia causada por su
divulgación pública, que lamentó no haber previsto, decidió devolver
la suma.
Añadió que si el citado organismo resuelve que el pago es
irrenunciable, donará el dinero al programa de atención a los
adultos mayores de la Seguridad Social y aseguró haber cumplido un
trabajo honesto y denodado.
Casi la mitad de la suma fue una indemnización por despido
injustificado, pese a que dejó el cargo para asumir el Ministerio
del Interior y que su contrato expiraba el 14 de septiembre, día en
que juró como ministro.
Según fuentes periodísticas, Barrios fue despedido lo que le dio
derecho a la indemnización- el día 13, decisión que tenía que haber
tomado o avalado él como máxima autoridad de la Seguridad Social,
que afirmó en un comunicado que el pago es legal.
El citado organismo alegó que el pago fue hecho con el informe
favorable del estudio legal privado Muñiz, cuyos responsables
aclararon que fueron consultados directamente el pago
correspondiente a un despido injustificado, sin otras opciones.
El abogado laboralista Carlos Ezeta afirmó que Barrios cometió
delito de peculado por disponer de fondos del Estado en beneficio
propio, pues no fue despedido arbitrariamente, por lo que debe
renunciar y ser juzgado por ese crimen, aunque devuelva el dinero.
Ezeta advirtió que, si lo devolviera, igual previamente violó la
ley, por lo que lo comparó con un ladrón que se arrepiente y
devuelve lo robado, que ya cometió el delito y por tanto debe ser
sancionado.
La bancada parlamentaria del opositor Partido Nacionalista
anunció que pedirá la interpelación de Barrios por el pleno
legislativo y su censura para que sea juzgado.
El legislador Víctor García Belaunde, del grupo centrista Acción
Popular, dijo que una persona de esa calidad moral no puede ser
ministro de Estado.