La justicia en España dejó en libertad al ex ministro de
Gobernación guatemalteco Carlos Vielmann y la Cancillería suspendió
los trámites para su extradición, reporta Prensa Latina.
Informaciones provenientes de Madrid indican que Vielmann fue
liberado porque Guatemala no presentó las pruebas para sustentar su
pedido en el tiempo establecido de 40 días.
Sin embargo, este mismo martes el Ministerio de Relaciones
Exteriores analizaba el expediente con la convicción de tener 60
días para presentar la solicitud de extradición, con lo cual el
plazo se cumpliría el mes próximo.
El ex titular del Interior en el gobierno de Oscar Berger
(2004-2008) fue aprehendido en la capital española el 13 de octubre
y entonces se inició el proceso para traerlo a esta nación donde
debe responder por cargos de ejecuciones extrajudiciales.
A Vielman lo acusa la Fiscalía Especial para la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber pertenecido
a una estructura criminal dentro de esa cartera cuando la dirigía,
durante la administración de Berger.
La imputación es por su supuesta vinculación con las ejecuciones
extrajudiciales de tres reos fugados de una cárcel en 2005 y otros
siete amotinados dentro de un penal en 2006.
De acuerdo con el titular de Relaciones Exteriores guatemalteco,
Haroldo Rodas, el voluminoso expediente sobre Vielmann estaba en
poder del departamento jurídico de su cartera, al cual fue remitido
por la Corte Suprema de Justicia.
Tras su revisión debía ser enviado posiblemente esta semana a la
embajada en Madrid y ésta lo presentaría en la Cancillería española,
pero un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) ante un amparo
provisional hace pocos días detuvo el proceso.
Esa instancia judicial, máxima de este país, aceptó que el delito
imputado de homicidio intencional no figura en el tratado para
realizar extradiciones entre ambos países.
Trámites burocráticos demoraron e impidieron el cumplimiento del
periodo establecido para extraditar a Vielmann, además de la
resolución de la CC, y ahora se conoce su liberación decidida por la
Audiencia Nacional, principal órgano penal de España.