Empresas de la industria privada carcelaria elaboraron e impulsaron la ley antiimigrante de Arizona para generar ganancias multimillonarias con el negocio de encarcelar migrantes, reveló hoy National Public Radio (NPR) en una amplia investigación periodística, negocio que se intenta repetir en otros estados del país.

Esperan hacer aprobar leyes similares a las de Arizona en otros estados de la Unión tales como Tennessee, Florida, Colorado, Oklahoma y Pennsylvania.

La ley que ha provocado la mayor controversia sobre migración y racismo contra latinos, tanto en Estados Unidos como en México, puede tener el efecto de enviar a decenas de miles de indocumentados a prisión, lo cual potencialmente podría generar cientos de millones de dólares en ganancias para las empresas de cárceles privadas, que se encargan de alojar a las víctimas de la ley, informó NPR.

La llamada ley SB1070 está congelada por los tribunales, pero si finalmente es apoyada por el sistema judicial, obliga a que las fuerzas de seguridad pública en el estado arresten y encarcelen a todo individuo que al ser detenido, no pueda comprobar que ingresó al país de manera legal.

Aunque la gobernadora Jan Brewer y líderes legislativos estatales como el senador Russell Pearce se atribuyen el crédito por promover esta ley, después de una extensa investigación de documentos, tanto del gobierno como empresariales, y de entrevistas con algunos de los participantes en este esfuerzo legislativo, NPR descubrió que hubo un esfuerzo silencioso detrás del escenario para ayudar a redactar y aprobar la SB 1070 por una industria que saldría beneficiada: la de prisiones privadas.

Las empresas de prisiones tenían un nuevo modelo de negocios para encerrar a los inmigrantes indocumentados. Y el plan se volvió en la ley de inmigración de Arizona, afirmó en su reportaje la cadena nacional de radio pública.

NPR reveló que aunque Pearce dice que la SB 1070 fue su idea, en lugar de negociarla en la legislatura, el senador estatal la presentó primero ante una reunión privada de empresarios y legisladores estatales en Washington llamada American Legislative Exchange Council (ALEC). Entre los miembros influyentes de esa asociación está la Corrections Corporation of America (CCA), la empresa de prisiones privadas más grande del país. Fue ahí donde se le dio forma a la idea de Pearce, algo que los participantes orgullosamente describen como resultado del trabajo cooperativo entre legisladores y el sector privado. En cuatro días se elaboró el proyecto de ley modelo en esa reunión de empresarios y legisladores estatales y cuatro meses después, ese modelo de ley se volvió, casi palabra por palabra, en la ley de inmigración de Arizona.

Pero ahí no acabó. La empresa CCA contrató a un poderoso cabildero en Arizona, mientras 36 legisladores declararon de inmediato su apoyo al proyecto de ley (dos tercios de ellos también estaban en la reunión de ALEC o son miembros de esa asociación). Y de pronto, según NPR, también empezaron a fluir donaciones financieras electorales para políticos favorables a la ley (30 de sus patrocinadores recibieron donaciones de CCA y de otras dos empresas de prisiones privadas).

La misma gobernadora Brewer también tiene vínculos con estas empresas: su vocero y su director de campaña son ex cabilderos de empresas de prisiones privadas.

Los ejecutivos del CCA, reporta NPR, creen que la detención de inmigrantes es el próximo gran mercado para ellos, y en un informe de la empresa del 2009, afirman que esperaban generar una porción significativa de sus ingresos a través de la agencia federal de inmigración y aduanas encargada de detener migrantes.

El presidente de otra de estas empresas, el Geo Group, en una teleconferencia con inversionistas, felizmente comentó sobre las oportunidades a nivel federal en torno a la migración. Esta gente que cruza la frontera y que es atrapada tendrá que ser detenida, y para mí, por lo menos así lo considero, habrá mejores oportunidades para lo que nosotros hacemos. O sea, el negocio de encarcelar migrantes.

Hace un mes, el Center for American Progress Action Fund, una ONG y centro de análisis político en Washington, publicó una investigación en su sitio Think Progress sobre el papel de la industria carcelaria privada en la promoción de la SB 1070. CCA, señaló, estaba por recibir más de 74 millones en fondos públicos para administrar centros de detención de migrantes en el año fiscal 2010, y que la prosperidad de esa empresa en el futuro dependerá cada vez más de aumentar el número de migrantes enviados a las prisiones.

Think Progress advirtió que CCA y otras empresas parecidas canalizan fondos para promover proyectos de ley idénticos a SB 1070 en varios estados del país, sobre todo en Tennessee, Florida, Colorado, Oklahoma y Pennsylvania.

Las revelaciones de hoy demuestran que la detención de inmigrantes en Estados Unidos no es impulsada por la justicia sino por una industria de prisiones privadas que busca cómo lucrar con el encarcelamiento de nanas y jardineros, denunció Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración en Washington.