El 78 por ciento de las propuestas para reglamentar la Ley contra
el racismo y toda forma de discriminación abogan hoy por prevenir y
educar en relación con el tema.
Sólo 22 por ciento de los aportes de representantes de
organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, en los
talleres realizados con ese fin en todo el país, se refiere a la
comunicación y a los medios de prensa, confirmó el viceministro de
Justicia, Hugo Montero.
Las cifras quieren decir que la ciudadanía entendió bien el
mandato contenido en la disposición final única de la Ley 045 para
elaborar el reglamento en su integralidad, señaló, durante el taller
resumen realizado la víspera en La Paz.
Las sesiones celebradas en los nueve departamentos del país
contaron la participación de organizaciones sindicales, entes de
derechos humanos, actores cívicos, políticos y ciudadanos en
general, periodistas y medios de comunicación, reportó Prensa
Latina.
El jueves, en el Palacio de Telecomunicaciones, también se
congregaron cientos de delegados de movimientos sociales, de
derechos humanos, activistas antirracistas, de la Defensoría del
Pueblo, de la Federación de Trabajadores de la Prensa paceña y de la
plataforma de periodistas.
Al inaugurar la reunión, la ministra de Justicia, Nilda Copa,
llamó a aprovechar la ocasión para contribuir a realizar un mejor
reglamente a la Ley No. 045, histórica porque removerá los pilares
del Estado colonial en Bolivia, en su opinión.
Entre las nuevas proposiciones acopiadas, destacó la de la
Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), que pidió
aclarar en la reglamentación que el entrevistado que difunda ideas
racistas sea responsable ante la ley y no el periodista o el medio.
También planteó que las multas a los medios racistas sean
destinadas a un fondo social de los trabajadores, mientras que la
Plataforma de Periodistas sugirió sanciones graduales y medidas
educativas y preventivas.
Organizaciones de El Alto y el Centro de Promoción de la Mujer
Gregoria Apaza, igual mostraron una propuesta al reglamento de la
ley que identificó a indígenas, migrantes y mujeres, como los grupos
más vulnerables a la discriminación y el racismo.