Actualizado 12:05 p.m. Hora local

Bolivianos instan a prevenir con reglamento de ley antirracista

El 78 por ciento de las propuestas para reglamentar la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación abogan hoy por prevenir y educar en relación con el tema.

Sólo 22 por ciento de los aportes de representantes de organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, en los talleres realizados con ese fin en todo el país, se refiere a la comunicación y a los medios de prensa, confirmó el viceministro de Justicia, Hugo Montero.

Las cifras quieren decir que la ciudadanía entendió bien el mandato contenido en la disposición final única de la Ley 045 para elaborar el reglamento en su integralidad, señaló, durante el taller resumen realizado la víspera en La Paz.

Las sesiones celebradas en los nueve departamentos del país contaron la participación de organizaciones sindicales, entes de derechos humanos, actores cívicos, políticos y ciudadanos en general, periodistas y medios de comunicación, reportó Prensa Latina.

El jueves, en el Palacio de Telecomunicaciones, también se congregaron cientos de delegados de movimientos sociales, de derechos humanos, activistas antirracistas, de la Defensoría del Pueblo, de la Federación de Trabajadores de la Prensa paceña y de la plataforma de periodistas.

Al inaugurar la reunión, la ministra de Justicia, Nilda Copa, llamó a aprovechar la ocasión para contribuir a realizar un mejor reglamente a la Ley No. 045, histórica porque removerá los pilares del Estado colonial en Bolivia, en su opinión.

Entre las nuevas proposiciones acopiadas, destacó la de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), que pidió aclarar en la reglamentación que el entrevistado que difunda ideas racistas sea responsable ante la ley y no el periodista o el medio.

También planteó que las multas a los medios racistas sean destinadas a un fondo social de los trabajadores, mientras que la Plataforma de Periodistas sugirió sanciones graduales y medidas educativas y preventivas.

Organizaciones de El Alto y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, igual mostraron una propuesta al reglamento de la ley que identificó a indígenas, migrantes y mujeres, como los grupos más vulnerables a la discriminación y el racismo.

 

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