Cómo pretender elevar los salarios, la calidad de los servicios o el nivel de vida de la población, si para realizar el trabajo correspondiente a una persona existen dos; si en muchos sectores es baja la productividad del trabajo; si falta mano de obra en actividades de vital importancia para el desarrollo económico, como son las construcciones y la agricultura; o si estando conscientes de las deficiencias que tiene nuestro proceso de planificación, no tomamos medidas para contrarrestar esa realidad.

Si la trabajadora declarada disponible tiene a sus hijos en círculos infantiles o seminternados, no pierde tal derecho siempre y cuando se incorpore al trabajo, sea o no en el sector estatal.

Son todas, razones de suficiente peso que indican la necesidad de perfeccionar la política laboral y salarial. El propósito es claro: emplear con racionalidad la fuerza de trabajo para contribuir al incremento de la productividad y la eficiencia, así como, al fortalecimiento de la disciplina y el papel del trabajo.

De esta forma y como parte de la actualización de nuestro modelo económico, se toma un conjunto de medidas entre las cuales se incluye el proceso de disponibilidad laboral que trae consigo la reducción de las actuales plantillas infladas y la consiguiente reorientación de unos 500 000 trabajadores del sector estatal en los próximos meses.

En las calles se escuchan continuamente los más disímiles criterios referidos a los cambios económicos que matizan la cotidianidad cubana. Cualquier lugar resulta propicio para entablar el más controvertido debate sobre el tema, no importa si es en una cola del "agro", dentro de un ómnibus o en el ámbito familiar.

Lamentablemente, en muchos casos, las opiniones manifestadas son producto de rumores infundados o mal intencionados de algunos ciudadanos que pretenden distorsionar la realidad; sin embargo, otros solo están ansiosos por conocer cómo y cuándo comenzarán a ponerse en vigor las medidas recientemente publicadas.

En el marco de la actual política económica, el Estado cubano comienza a desprenderse de un conjunto de tratamientos paternalistas que, a través de los años, han sustentado la idea de que Cuba es el único país del mundo donde se puede vivir sin trabajar.

Como es lógico, este proceso requiere de un reordenamiento en las actuales plantillas de las entidades laborales; lo cual implica que determinados puestos de trabajo no sean necesarios y, por tanto, un grupo de trabajadores pasan a ser disponibles.

Mas, a pesar de esta realidad, el Estado mantiene el propósito de conservar ciertas protecciones a quienes sean afectados por la reducción de plantillas. Nadie que sea declarado disponible quedará abandonado a su suerte, eso sí: necesariamente tendrá que trabajar, pues de lo contrario no percibirá ingresos.

La Resolución No.35 del 2010 Reglamento sobre el tratamiento laboral y salarial aplicable a los trabajadores disponibles e interruptos, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establece, entre otros aspectos, que si el trabajador declarado disponible no pudiera ser reubicado, cobra como garantía salarial —entiéndase también protección económica—, el equivalente al 100% de su salario básico durante un mes.

Asimismo, se regula una protección económica adicional equivalente al 60% del salario básico mensual en correspondencia con los años de servicio acumulados por el trabajador. Según lo legislado esta garantía se establece de la siguiente forma:

· Hasta un mes para los trabajadores que acrediten de 10 a 19 años de servicio.

· Hasta dos meses para los trabajadores que acrediten de 20 a 25 años de servicio.

· Hasta tres meses para los trabajadores que acrediten de 26 a 30 años de servicio.

· Hasta cinco meses los trabajadores que acrediten más de 30 años de servicio.

De persistir la imposibilidad del trabajador para incorporarse al empleo, este puede solicitar excepcionalmente, ante el Director municipal de Trabajo, una protección económica temporal por la asistencia social. Para su concesión, se tiene en cuenta la composición e ingresos del núcleo familiar y se aprueba por el Consejo de la Administración Municipal.

Otro aspecto que no debe pasarse por alto, es el tratamiento especial de la Seguridad Social que se dispone para los trabajadores que con 25 años de servicios o más, resulten declarados disponibles, no puedan vincularse al empleo y alcancen en el transcurso de los próximos cinco años el requisito establecido por la Ley para el incremento gradual de la edad de jubilación. En estos casos se elimina la exigencia de tener vínculo laboral para acceder tanto a la pensión por edad, como a que sus familiares puedan solicitar la pensión por causa de muerte.

De igual forma, el Decreto-Ley No.278 Del Régimen Especial de Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia, deja claro que cuando la persona se incorpora a este tipo de actividad, a los efectos de la Seguridad Social, se le reconoce como tiempo de servicio los años laborados en el sector estatal.

También la trabajadora por cuenta propia tiene derecho a la licencia retribuida por maternidad pre y postnatal, si contribuyó a la Seguridad Social durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la licencia, especifica la legislación antes mencionada.

Aun cuando este proceso de reducción de plantillas está completamente exento de cualquier idea que implique erogar subsidios o gratuidades indebidas, no solo se han concebido garantías salariales para proteger a los trabajadores disponibles.

Por ejemplo, las trabajadoras declaradas disponibles y que tengan a sus hijos en círculos infantiles o seminternados, no pierden tal derecho siempre y cuando se incorporen al trabajo, sea o no en el sector estatal.

De igual forma, aquellos trabajadores que habitan en viviendas vinculadas o asignadas como medio básico, continúan disfrutando de estas aunque la solución final no se ha definido aún.

Si bien en la nueva política laboral el estudio no constituye una alternativa de empleo, pues esta es una garantía que el Estado no está en condiciones de subvencionar en la actualidad, sí se garantiza la posibilidad de continuar estudios a toda aquella persona que al ser declarada disponible en su centro laboral estaba matriculada en la Educación Superior. Igualmente, se analizan las vías por las cuales podrán tener acceso a la Educación Superior los trabajadores que laboren en el sector no estatal; estas ofertas serán siempre de acuerdo con las demandas y posibilidades reales de la economía.

Por otra parte, resulta necesario señalar que en el examen que realiza la administración para determinar qué trabajadores quedan disponibles, están incluidos todos los que laboran en el centro. Solo se exceptúan de lo establecido en la Resolución No. 35 quienes estén cumpliendo con el Servicio Social o no hayan concluido su adiestramiento laboral. Tal prerrogativa tiene como fundamento principal, proteger a los jóvenes durante este periodo y así darles la posibilidad de adquirir experiencia laboral.

Es válido recordar además, que a nadie puede notificársele la decisión de que ha sido declarado disponible, durante el periodo en que está incapacitado temporalmente por enfermedad o accidente de origen común o del trabajo; en el cumplimiento de misiones internacionalistas, movilizaciones militares u otras de interés económico y social. Tampoco puede informársele mientras disfrute de sus vacaciones anuales pagadas o los periodos de licencia de maternidad, así como otras situaciones que expresamente autoriza la Ley.

El problema no es la edad, tampoco el sexo¼ Se trata de mantener en todo momento el principio de la idoneidad demostrada. Tal y como recoge la Resolución emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el fundamento rector es que cada cargo sea ocupado por el trabajador más idóneo, evitando cualquier vestigio de favoritismo o discriminación de género u otro tipo.