Las razones y raíces se remontan a 1805, cuando el presidente
Thomas Jefferson advertía al ministro inglés en Washington que "en
caso de guerra contra España, Estados Unidos se apoderaría de Cuba
por necesidad estratégica".
Y en 1823 John Quincy Adams, secretario de Estado del presidente
Monroe, escribía: "es prácticamente imposible resistir la convicción
de que la anexión de Cuba a nuestra República federal será
indispensable." (1) Y así se diseñó la estrategia de esperar el
momento propicio de arrancar la "fruta madura", que fue para el
presidente McKinley el 20 de mayo de 1902.
En diciembre de 1958, el rechazo del presidente Eisenhower a la
lucha guerrillera era público. El reconocido general no fue ajeno a
los intentos del Departamento de Estado y la CIA para evitar que
Fidel Castro, líder de la lucha armada contra la tiranía del general
Fulgencio Batista, completase su exitosa campaña y emprendiese un
programa revolucionario tras tomar el poder político. Ante el
impetuoso avance de la guerrilla en las provincias orientales y
centrales, Washington desarrolló el plan de retirar el apoyo a
Batista, negociar con un grupo moderado que neutralizase las
convicciones radicales de los revolucionarios e instaurar una junta
cívico militar que mantuviese el orden establecido en 1902 por la
intervención de Estados Unidos.
Ante la reticencia del embajador Earl Smith, quien en defensa de
sus intereses personales se negaba a notificar a Batista el
"despacho 292" de Washington, se encargó al empresario William F.
Pawley de hacerlo y ayudar a la CIA en organizar un equipo de
repuesto para reemplazar a Batista con elementos moderados de la
oposición y del gobierno. Con Pawley trabajaron en ese empeño
William Wieland, jefe del Buró de la CIA en México y el Caribe; Roy
Rubotton, secretario de Estado asistente, y James Noel, jefe de la
CIA en La Habana. Los seleccionados fueron Tony Varona, ex Primer
Ministro en el gobierno de Carlos Prío; Manuel Artime Buesa, ex
oficial del ejército rebelde; José Ignacio Rasco, del Movimiento
demócrata-cristiano; Aureliano Sánchez Arango, ex ministro de Prío y
Justo Carrillo, del Movimiento Montecristi. Se pretendía también
incorporar a otros personeros con quienes ya trabajaba la CIA, como
el ex coronel Barquín, que guardaba prisión por conspirar contra
Batista, y miembros del Segundo Frente del Escambray. Casi todos
ellos participarían después en los planes de invasión por Bahía de
Cochinos.
Batista no hizo caso a Pawley. Pero las maniobras del embajador
de Estados Unidos para mantener el poder en Batista mediante un
testaferro no prosperaron. El 17 de diciembre, Smith se vio obligado
a trasladarse a la finca Kuquine, donde residía Batista, y plantear
que a pesar de sus esfuerzos personales para lograr que fuese
sustituido por Andrés Rivero Agüero, candidato que respondía al
general, el gobierno de Washington "temía que Cuba se ahogaría en un
baño de sangre de continuar él como presidente, pero que si Batista
actuaba con rapidez, el Departamento de Estado creía que había
elementos cubanos que podrían salvar la deteriorada situación" (2)
Smith se refería a que Washington estaba haciendo contactos
confidenciales con los embajadores de la Organización de Estados
Americanos (OEA), urgiéndolos a que gestionasen con los rebeldes y
presionasen al perdedor régimen, para que el grupo moderado pudiese
constituir la proyectada junta de militares y civiles.
El decaído Batista trató inútilmente de insistir en que podía
hacerse la junta, presidida por Rivero Agüero, pues había sido
"elegido". Smith le relató que en su último viaje a Washington, a
principios del mes, había agotado todos sus recursos tratando de
lograr apoyo para Rivero. Pero había sido en vano, pues su gobierno
estaba convencido de que el general ya había perdido el dominio de
la situación y que las guerrillas avanzaban mientras su autoridad,
disminuía.
De repente, Batista preguntó si le dejarían irse a Estados Unidos
a su residencia en Daytona Beach. Smith le contestó que era mejor,
al principio, pedir asilo en otro país, como España. Estaba
liquidado. El camino estaba ya pavimentado para la "solución
nacional" que presidiría el magistrado Manuel Piedra. Pero la
determinación del joven líder revolucionario era inconmovible. La
junta preparada para suceder a Batista, denunciada por Radio
rebelde, no halló asidero alguno: en su lugar, Fidel hizo en
Santiago un llamado a la huelga general, tras su avance victorioso
con Almeida y Raúl desde la Sierra Maestra. La fuerza invasora
rebelde que venía desde la Sierra, comandada por Che Guevara y
Camilo Cienfuegos, como la del prócer Antonio Maceo en 1895, al
tomar Santa Clara precipitó la huida de Batista y sus más cercanos
colaboradores el 31 de diciembre. El comandante les ordenó seguir
hasta La Habana y tomarla. El audaz paso contó con el apoyo popular
que significaba la paralización del país por la huelga. La perfecta
sincronización impidió al general Eulogio Cantillo apoderarse del
gobierno mediante un golpe de Estado apoyado por la embajada de
Estados Unidos.
En los primeros meses de 1959 los revolucionarios triunfantes
trataron de llevar a cabo su programa sin hostilidad hacia
Washington y sin complicidad con el cruento periodo de siete años de
Batista. Pero el tinte conservador del sector encabezado por el
Presidente Manuel Urrutia y el Primer Ministro José Miró Cardona en
el nuevo gobierno de La Habana, estimulado por Estados Unidos,
tendía al inmovilismo político, económico y social. Dentro del
propio gobierno, los representantes del Movimiento 26 de Julio
(M-26-7) notificaron a Fidel que con ese equipo no podría avanzarse
si el líder de la revolución no lo encabezaba.
El 13 de febrero de 1959, Fidel se hacía cargo de la jefatura del
Gobierno, en sustitución de Miró Cardona, hasta entonces Primer
Ministro, quien prontamente abandonó el cargo de embajador en
Estados Unidos que se le adjudicó y se pasó al bando de los vecinos
del Norte, al que realmente pertenecía.
(1) United States House. Exec. Doc.,32nd Cong., 1st Sess. 1851-52
Doc. núm 21, pp. 6-7.
(2) John Dorschner & Roberto Fabricio. The Winds of December.
Coward, McCann & Geoghegan, Nueva York, 1980, pp. 190.
(3) Demanda del pueblo cubano contra el gobierno de Estados
Unidos. Editora Política 2000, pp.6