Las poblaciones romaní y sinti —las mayores etnias gitanas en Europa—, son hoy víctimas de una política racista y represiva del Gobierno francés, en la cual el odio, el rechazo o recelo, está de moda en todo el Viejo Continente. En una región con un estimado de 12 a 14 millones de gitanos la situación se vuelve cada vez más compleja.

La expulsión de gitanos no es un acto por la seguridad, constituye un retroceso para Europa.

Estas semanas el mundo ha sido testigo de cómo la Francia del presidente Nicolas Sarkozy —judío de origen húngaro— ha pasado por encima de convencionalismos y ha deportado sin miramientos a niños, mujeres y ancianos por el único "delito" de ser gitanos a sus países de origen, Rumanía y Bulgaria.

Se repiten las prácticas del pasado cuando el régimen nazista de Adolfo Hitler cometió todo tipo de crímenes y abusos contra estos seres humanos bajo la cacareada teoría de la supuesta superioridad de la raza aria y su necesidad de "espacio vital", que supuso el asesinato de millones de personas, entre ellos millón y medio de gitanos.

Muchos se preguntan ¿cómo quedan los derechos humanos de esos desplazados en pleno siglo XXI, en el corazón de una de las principales culturas europeas?

La historia recoge que los primeros indicios de la llegada de los gitanos a Europa se ubican a finales del siglo XIV y principios del XV. Es probable que la expansión musulmana por el subcontinente asiático empujara a las distintas poblaciones y ejércitos organizados para la defensa de la región hacia otros lugares, convirtiéndose en un pueblo nómada.

Los decretos españoles emitidos desde el siglo XVIII contra esta desfavorecida comunidad los logró arrinconar en ghettos urbanos. Nunca se les permitió vivir en grandes grupos. Se les impedía vivir y vestirse con arreglo a sus costumbres, con una clara voluntad de apartarles de la vida social y religiosa; y hasta se llegó a prohibirles casarse entre sí.

Como antaño, vuelve la historia de vejaciones con las masivas deportaciones de gitanos practicadas por París y otros países miembros de la Unión Europea (UE) desde enero del 2007. Su expulsión supone una actitud inhumana en franca contradicción con los valores encarnados por la nación gala de libertad, igualdad y fraternidad.

El pretexto hoy es el mismo: la lucha contra la delincuencia y la marginalidad, que presuntamente fomentan estos "no europeos".

Francia deportó en el 2009 a 25 gitanos por día, de acuerdo con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y se estima que la cifra de expulsados en el 2010 alcanza los 8 000, los cuales según el programa serán alejados de sus vidas en tierras galas y regresados a sus lugares de origen, donde también son discriminados y excluidos.

Se desbarata y finalmente se desvanece así la supuesta validez del criterio jurídico y social de acceso a los derechos contemplado en la idea originaria de uno de los pilares comunitarios, que diferenciaba a los ciudadanos de la UE de otros bloques de integración como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), en el cual se privilegia solo el libre movimiento de capitales y mercancías y no de personas.

A través del poder mediático, Europa quiere hacer ver a una población gitana no incorporada al trabajo, que prefiere ser nómada; que no matricula a sus niños en la escuela; o peor aún, que es fuente de delitos y violencia.

No se dice que por la marginación a que se les somete, son los más vulnerables al hambre, los que peor viven o los que menos esperanza de vida tienen. Las medidas discriminatorias que están emprendiendo países como Francia, Italia, Dinamarca, Alemania o Suecia contra ese pueblo, así lo demuestran.