LA PAZ, 17 octubre.— Autoridades gubernamentales bolivianas y representantes de la prensa coincidieron hoy en que la lucha contra el racismo es esencial para lograr la descolonización del país suramericano.

En intervenciones en el programa El Pueblo es Noticia, de la Red Patria Nueva, funcionarios y profesionales del sector coincidieron en la necesidad de regular el uso de la palabra para acabar con las humillaciones y la discriminación sobre amplios sectores sociales.

El derecho a la vida es superior a todos los derechos y cuando la libertad de expresión puede afectar ese bien, tiene que ser regulada, expresó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), Boris Quisberth.

El máximo representante de la FTPLP, que por más de medio siglo luchó por la democratización de la comunicación, denunció las amenazas recibidas por respaldar la Ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, promulgada el 1 de octubre, dijo PL.

También recordó las presiones en público por presentar la iniciativa de su sector de revertir las licencias de los medios discriminadores a favor de los trabajadores de estos, divulgadas por Bolivia TV.

Quisberth cuestionó el show desatado por la televisora UNITEL y otros medios con tal de infundir miedo y frenar las intenciones de muchos de colaborar en la reglamentación de la norma, a solicitud del Ejecutivo.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, concordó con el dirigente gremial en que Bolivia es un país profundamente racista y discriminador de manera sistemática, no coyuntural, y la eliminación de este hecho implica la toma de una posición política frente a una ley perfectible.

Villena criticó la politización extrema de la cuestión, tendiente a la polarización social, y a quienes procuran hacer ver que está en juego la libertad de expresión u otros derechos básicos.

Resaltó el papel de los defensores de la verdadera democracia, mientras otros quieren seguir disfrutando de inmunidad para humillar y se arrogan derechos.