Organizaciones sociales, parlamentarios, periodistas y representantes de todos los sectores sociales participarán en los debates, convocados por el Ejecutivo de este país.

Con la reglamentación, que puede convertirse en un amplio ejercicio democrático, se prevé poner fin a la polémica alrededor de la norma jurídica promulgada por el presidente boliviano, Evo Morales, el 1 de octubre de 2010.

Las principales inquietudes giran sobre los artículos 16 y 23 de la disposición, calificada por opositores, algunos empresarios periodísticos y agentes de los medios de comunicación, como mordaza a la libertad de expresión.

Lejos de coartar el derecho a hablar, el texto legislativo regula de manera preventiva la problemática y procura frenar la humillación que hace más de cinco siglos padecen indígenas, negros y otros grupos poblacionales, coinciden autoridades gubernamentales y legisladores bolivianos.

Bolivia es un país libre, democrático, super democrático, afirmó la víspera en conferencia de prensa el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García, para quien la norma no vulnera ningún derecho y menos la libre expresión.

García calificó de falso el debate acerca de la ley entre la libertad mal entendida frente a la igualdad bien entendida y luego de leer a los periodistas el artículo 16, puntualizó que este sólo limita que los medios de comunicación se conviertan "en plataformas de discriminación.

El acápite en cuestión señala que el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación.