Actualmente, amparados por las leyes Debré de 1997 y Chev nement de 1998, tienen derecho a estancia temporal todas las personas con afecciones delicadas como Sida, cáncer, u otras, que no tengan recursos ni posibilidades de atenderse en su nación de origen.

De acuerdo con esta nueva propuesta del diputado Thierry Mariani, sólo podrán residir en territorio galo los extranjeros que no puedan recibir los cuidados en su país por la inexistencia de los tratamientos pertinentes.

La Asociación Médicos del Mundo que junto a otras análogas pidió rechazar esta enmienda reprochó como en esta ocasión no se tuvo en cuenta la viabilidad de acceso de los enfermos, pues en muchos lugares sólo es asequible la salud para una minoría.

Según estadísticas del ministro de Inmigración, Eric Besson, actualemnte unos 30 mil foráneos se benefician de este tipo de visado.

Dentro del proyecto de ley, los diputados adoptaron también una proposición del Gobierno dirigida a devolver a sus países de origen a todo extranjero con un permiso de residencia inferior a tres meses que represente una carga para el sistema social.

Este acápite fue duramente criticado por parlamentarios de izquierda al declarar que es contrario a la directiva de libre circulación de la Unión Europea.

Asimismo los considerados como "matrimonios grises o de conveniencia" tampoco escaparon de la nueva legislación y serán objeto de sanciones más duras con penas de siete años de cárcel en lugar de cinco y multas de 30 mil euros en vez de 15 mil euros.

El pasado 30 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de retirar la nacionalidad a todo extranjero naturalizado que en los 10 primeros años de adquirida esa condición sea condenado por un crimen contra agentes del orden.

Este artículo, el más controversial dentro del proyecto de ley, fue sancionado por 75 votos contra 57 y la promesa de los diputados de izquierda de protestar ante el Consejo Constitucional.

De acuerdo con sus argumentos, tal enmienda viola el artículo primero de la Constitución de la República que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Desde que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, notificó este propósito en el verano pasado recibió duras críticas de asociaciones, grupos de izquierda y numerosos partidarios de centro y de su propio Partido Unión por un Movimiento Popular (UMP).