La Unión General de Trabajadores (UGT) anticipó que junto a Comisiones Obreras (CC.OO.) convocarán diversas acciones durante los próximos meses para exigir al poder central una rectificación en sus medidas de recorte del gasto público.

Hace una semana, las dos centrales obreras más importantes del país ibérico llevaron a cabo el primer paro nacional de 24 horas contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusan de dar un giro a la derecha.

Con su medida de fuerza, que según el sindicalismo fue acatada por más del 70 por ciento de los trabajadores, la UGT y CC.OO. demandaron a Zapatero un viraje hacia la izquierda y el abandono de unas medidas que consideran neoliberales y las más drásticas de la democracia.

Para ambas asociaciones, la reforma laboral decretada en junio último por el ejecutivo socialista bajo presión del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, facilita y abarata los despidos sin contribuir a flexibilizar el mercado, como procura.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Acción Sindical del la UGT, Toni Ferrer, advirtió este miércoles que los gremios mantendrán la presión sobre el Palacio de la Moncloa (sede del poder central) vía movilizaciones. Ferrer insistió en que las modificaciones introducidas en el mercado del trabajo son lesivas y criticó al presidente del gobierno por decir que está dispuesto a negociar con los sindicatos el reglamento de la controvertida reforma.

Los reglamentos no pueden cambiar las leyes, aseveró el dirigente, quien lamentó que la administración Zapatero lo presente como un ámbito de negociación cuando tiene la obligación de consultar a las agrupaciones obreras. Adelantó que el movimiento sindical presentará, previsiblemente este mes, un documento en el que planteará de forma clara la existencia de otras alternativas en materia económica y laboral.

Acusó a la Moncloa de mirar sólo con el ojo derecho a la hora de adoptar medidas para reducir el abultado déficit fiscal.

El sindicalista remarcó que para volver al diálogo, el gobierno debe primero restablecer los derechos arrebatados a la clase trabajadora y reorientar su estrategia económica, algo que, aclaró, no depende del nombramiento de un nuevo ministro de Trabajo.

Respecto a la proyectada reforma de las pensiones denunció que las propuestas de la administración Zapatero son regresivas y provocarán que sean las víctimas, y no los culpables, quienes paguen las consecuencias de la crisis.