Protestas y manifestaciones
en los alrededores de la sede del Senado de Francia, en el
capitalino Palacio de Luxemburgo, incrementaron las tensiones acerca
de los debates sobre la reforma a la ley de retiros.
El impopular ministro del Trabajo, Eric Woerth, vinculado a un
escándalo del consorcio L Oreal por conflicto de intereses, intentó
sacar adelante el tema con la postura inflexible del Gobierno de no
variar nada del proyecto de legislación.
Sin embargo, la situación en la Cámara Alta es diferente, porque
la gobernante Unión por un Movimiento Popular (UMP) del presidente
Nicolás Sarkozy, no cuenta con la mayoría absoluta como en la
Asamblea Nacional.
Será cuestión de negociar con las fuerzas centristas, habida
cuenta de que la izquierda ha cerrado filas como nunca antes en
mucho tiempo, y se opone radicalmente sobre todo a la elevación de
la edad de jubilación de 60 a 62 años.
Luego de marchas y mítines durante varios meses, los principales
sindicatos de Francia lograron cifras sorprendentes en las últimas
concentraciones de rechazo a la reforma, incluyendo las casi tres
millones de personas el sábado último.
Por ahora, Sarkozy y sus colaboradores han pretendido minimizar
la fuerza de las manifestaciones y con un manejo dudoso de las
encuestas reiteraron en los últimos días que es imprescindible
aplicar transformaciones a la ley de retiros.
Los gremios coinciden en la necesidad de aplicar cambios, pero en
particular no aceptan el aumento de la edad de jubilación. Si las
protestas son notorias a las puertas del Senado, el anuncio de una
huelga general el 12 de octubre se hace temerario.
Todo en medio de una alerta roja lanzada por la administración
con amenazas terroristas, que al menos en el sector sindical no ha
surtido efecto para que la gente se arrepienta de salir a las
calles. A tal punto que la CGT, CFDT y Fuerza Obrera se inclinan por
hacer la convocatoria al paro por tiempo indefinido, un desafío
todavía mayor para Sarkozy.
En una entrevista en un canal privado que terminó convirtiéndose
en una alocución, el primer ministro, Francois Fillon, recalcó que
la esencia de la reforma se mantendrá inalterable, sobre todo en la
edad mínima de jubilación (62), y 67 al derecho a pensión completa.
Igualmente, se expresó abierto a emprender algunas modificaciones
de otro tipo.
La Cámara Alta deberá discutir unas mil enmiendas presentadas
acerca de la legislación y la izquierda exigirá un referendo para
buscar la opinión de los franceses, una maniobra más bien dilatoria,
que al parecer no tiene posibilidades de aprobación.