Los logros alcanzados en Venezuela en áreas como pesca y agricultura, gracias a las leyes socialistas, podrían estar en peligro, alertó el ministro para Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, reporta Prensa Latina.

El funcionario recalcó, en entrevista al diario Correo del Orinoco, que una vez que asuman los legisladores electos de la oposición, la contrarrevolución buscará revertir las normativas que favorecen a los trabajadores del mar y a los campesinos.

Grandes consorcios empresariales ya solicitaron a la nueva Asamblea Nacional que revisen las leyes que afectan la libre empresa, subrayó Loyo.

Reiteró que al igual que en el año 2002, la minoría en bloque buscará detener los avances de la Revolución Bolivariana.

"Aunque lo intenten no lo van a lograr, el pueblo venezolano es mayoría en la Asamblea", remarcó.

El ministro precisó que vuelven a la mira de la contrarrevolución dos instrumentos emblemáticos de la Revolución Bolivariana, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la de Pesca.

Advirtió que de revertirse dichas normativas también se atentará contra el medioambiente.

Es un hecho inédito en el mundo que sale en la defensa de la pesca artesanal y de la biodiversidad marina. Se impulsó desde el Estado un proceso de transformación, para que esos pescadores pudieran integrarse a otras actividades, afirmó.

Volverán los grandes barcos atuneros al mar territorial venezolano a depredar la capa marítima. Hay que preguntarle a los miles de pescadores artesanales que han incrementado los bancos de pesca, gracias a la eliminación de la retropesca, si aceptarán que ese avance se revierta para defender los intereses de las grandes consorcios pesqueros, añadió.

Hay mucho que perder si dejaran de ser válidas estas leyes porque significaron grandes avances en la reivindicación de los campesinos y pescadores y en la lucha contra la desigualdad, dijo.

Sobre el acápite de la tierra resaltó que con la llegada de la Revolución se fueron construyendo leyes para desmontar las debilidades del campo y la pesca heredadas de gobiernos anteriores.

Lo primero que se hizo fue enfilar las líneas de trabajo al reconocimiento de tierras para los campesinos.

El titular de agricultura destacó que desde la promulgación en el año 2002 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario hasta el 2010, se le ha regularizado la tenencia y uso de los predios a 147 mil 720 familias.

La normativa revolucionaria desarticuló mecanismos como el arrendamiento de fincas cuyos precios por la cosecha representaban para quienes trabajaban la tierra entre 50 y 60 por ciento del valor de la producción.

Esta distorsión feudal ha sido prohibida con el cambio de la legislación, apostilló Loyo.