El gobierno de Ecuador destacó la necesidad imprescindible de enjuiciar y castigar a los responsables e instigadores del reciente intento de golpe de Estado, y desentrañar las redes de complicidad involucradas en la conspiración, reporta Prensa Latina.

En un comunicado, la ministra Coordinadora de la Política, Doris Solíz, indicó que la amnistía propuesta por ciertos sectores es una estratagema para el olvido, una carta de salida a la impunidad, y revela su peligrosa complicidad con los hechos del 30 de septiembre pasado.

"Los pronunciamientos apresurados de ciertos grupos para tratar de aglutinar fuerzas opositoras, si bien no tuvo mayores ecos, devela la naturaleza mezquina de la oposición. El silencio cómplice de otros sectores es un signo elocuente de complicidad", subrayó.

Con respecto a la posibilidad de disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a nuevas elecciones generales para el resto del período del mandato constitucional (conocida como muerte cruzada), comentó que esa es una alternativa extrema.

Establecida en el artículo 148 de la Constitución, la muerte cruzada por el momento no está en análisis, enfatizó, pues el escenario llama al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una mejor coordinación de los objetivos estratégicos con la Asamblea Nacional.

"Confiamos en que ésta será la reflexión y el compromiso de la mayoría de las fuerzas políticas de esa función del Estado", señaló.

Se continuará con el proceso de homologación salarial para todo el sector público, con una política de buenos salarios, mejoras en las condiciones laborales para los miembros de la Fuerza Pública, pero apartados de una práctica de privilegios obtenidos en el pasado.

Según Solíz, días antes de que ocurriera la asonada, el Gobierno y el bloque legislativo de Alianza PAIS acordaron precisar algunos puntos de la Ley de Servicio Público, motivo de preocupación entre servidores públicos y miembros de Fuerza Pública.