Los dos principales sindicatos de España, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), exaltaron la amplia participación de la ciudadanía en la huelga general contra la política económica del Gobierno, reporta Prensa Latina.

En rueda de prensa, los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández, y de UGT, Cándido Méndez, calificaron de éxito la adhesión al paro, estimada por los gremios en más del 70 por ciento, es decir, unos 10 millones de trabajadores.

A juicio de ambos dirigentes, esta jornada de protesta contra la reforma laboral y los duros recortes sociales decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pone de manifiesto el masivo rechazo de la sociedad española a esas políticas.

Por ese motivo pidieron al Ejecutivo encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) una rectificación de lo que consideran un viraje hacia la derecha de su rumbo económico, con la aprobación de impopulares medidas de corte neoliberal.

El Gobierno tiene la oportunidad de volver a la senda de la razón, subrayaron Méndez y Fernández al valorar los alcances de la primera huelga de 24 horas que afronta Zapatero tras su llegada al Palacio de la Moncloa (sede del poder central), en 2004.

Según denuncian los máximos representantes de los gremios, el plan de austeridad aprobado por la administración central para reducir el déficit fiscal retrasará la salida de la crisis y colocará a España en el furgón de cola de la Unión Europea (UE).

Fernández indicó que el alto seguimiento al 29-S, como bautizaron los sindicatos la movilización, demuestra que la gente se sobrepuso a las amenazas de los empresarios y a alguna actuación desproporcionada de la policía en determinados lugares.

Esta huelga obliga a rectificar y si la Moncloa no quiere persistir en esa tendencia suicida debería atender el clamor democrático de la ciudadanía, porque una ley se cambia con otra, remarcó el líder de Comisiones Obreras, en alusión a la reforma laboral.

Para el sindicalismo, las transformaciones en el mercado de trabajo introducidas por el poder central, bajo presión del Fondo Monetario Internacional, abaratan y hacen más fácil el despido de los asalariados y favorecen a los empresarios.

Deplora, además, la reducción de los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones para 2011 y la pretensión de extender la edad de jubilación obligatoria de 65 a 67 años, como parte del paquete de ajuste exigido por la UE.

Al respecto, Méndez expresó que el Gobierno debe desistir de su intentona de retrasar la edad de jubilación y reorientar los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

En un recorrido por algunas de las principales arterias de esta capital, Prensa Latina constató la práctica inexistencia de transporte público, en particular de autobuses.

La emblemática calle madrileña Gran Vía ha sido cortada por diversos piquetes informativos organizados por CC.OO. y la UGT para llamar a los españoles a sumarse a la paralización de actividades.

Ante el funcionamiento restringido del metro, donde se impusieron servicios mínimos, muchos residentes de esta urbe que declinaron respaldar el paro recurrieron a sus vehículos privados para trasladarse hacia sus centros de trabajo, lo que ocasionó atascos en el centro.