En vísperas de la huelga general que el próximo miércoles llevarán a cabo los dos sindicatos mayoritarios del país contra su política económica, Zapatero tendió ayer la mano a los gremios para seguir conversando en el futuro.

Tras defender la controvertida reforma laboral emprendida por su administración, el jefe del ejecutivo aseguró que mantendrá el diálogo con la UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) para lograr reducir el desempleo, ascendente a unos 4,6 millones de personas.

Méndez opinó, sin embargo, que el Gobierno y su presidente no tienen credibilidad cuando a estas alturas del partido hablan de negociación.

Acusó al Palacio de la Moncloa (sede del poder central) de romper, con las modificaciones introducidas en el mercado del trabajo, el convenio colectivo de los empleados públicos con un recorte salarial del 5,0 por ciento y congelar las pensiones para 2011.

Si (Zapatero) de verdad quiere hablar de diálogo, lo primero que tiene que hacer es rectificar su plan de ajuste, subrayó el secretario general de la UGT durante una rueda de prensa en Pamplona, Navarra.

Méndez lamentó incluso que la Moncloa, en un gesto sin precedentes, haya obviado las consultas previas con el sindicalismo antes de aprobar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, el pasado viernes.

Todos los años, todos los gobiernos, antes de enviar el proyecto de PGE al Parlamento y antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros, han abordado el proceso de información y de consulta con las organizaciones sindicales, recordó.

CC.OO. y la UGT convocaron para el día 29 la primera huelga general contra la administración Zapatero, en rechazo a la reforma laboral, a la pretensión oficial de extender la edad de jubilación hasta los 67 años y a los recortes del gasto público.

Las dos principales asociaciones obreras por afiliación de este país europeo acusan al gobernante Partido Socialista Obrero Español de un viraje a la derecha de sus políticas económicas.

Para ambas, las transformaciones en el mercado del trabajo impuestas por la Moncloa aumentarán el paro y los contratos temporales y tienen como esencia un despido más barato y con menor tutela judicial.

Además, califican de cosmética la reciente subida impositiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las rentas más altas.

España necesita mucho más que símbolos en materia de política fiscal, advirtió este lunes Méndez.

Instó al poder central a adoptar medidas más contundentes contra el fraude fiscal y recuperar el Impuesto al Patrimonio.

A su juicio, ese gravamen supondría para el Estado ingresos por unos mil 800 millones de euros anuales, con lo cual podría dejar sin efecto la congelación injusta y antisocial de las pensiones.