Los líderes de CC.OO., Ignacio Fernández, y de la UGT, Cándido Méndez, alertaron este martes sobre la existencia de piquetes que coaccionan a los trabajadores en los centros laborales para que no acudan al paro del venidero día 29.

Aseguraron que desde determinados sectores, entre los cuales mencionaron al ejecutivo y a la patronal, se lanzan amenazas de sanciones, despidos o de impago de compromisos salariales vinculados a la productividad para que la gente no apoye la huelga.

El secretario general de CC.OO. arremetió en particular contra el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por considerar que con sus mensajes desanima a la sociedad a secundar la medida de fuerza.

En su fuero interno, Zapatero es consciente de que tiene que rectificar su política económica, en lugar de adoptar esa postura, señaló Fernández durante la presentación de un manifiesto del movimiento ecologista en respaldo a la movilización.

Eso sí es un piquete bien organizado para impedir que ese día la gente ejercite un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga, remarcó.

Su homólogo de la UGT lamentó que el derecho al trabajo se invoque sólo los días de huelga, mientras que el resto del año se adoptan medidas económicas que dañan el mercado laboral.

Méndez aludió a la negociación que ambas organizaciones mantendrán hoy con el poder central para definir los servicios mínimos que se prestarán el 29-S, como se bautizó la paralización de actividades del miércoles de la semana entrante.

Los máximos representantes sindicales ratificaron que el 29 de septiembre sus organizaciones intentarán paralizar, dentro de la legalidad, todas las grandes ciudades del país ibérico para que Zapatero modifique su plan de ajuste y su reforma laboral.

Ante la negativa del jefe del ejecutivo a dar marcha atrás a su polémica iniciativa, Fernández le aconsejó tirar de la hemeroteca, en alusión a las enmiendas realizadas por algunos de sus antecesores ante la presión de huelgas precedentes.

A juicio de las dos asociaciones, los recortes del gasto público, la reforma laboral y la proyectada reforma de las pensiones convierten la política de la administración Zapatero en una de las más regresivas de Europa en estos momentos.