La vicepresidenta primera del
gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, restó hoy aquí
credibilidad a un reciente comunicado ETA por soslayar el cese
definitivo de sus actividades armadas.
No hay nada que comentar sobre lo que no significa nada nuevo,
precisó De la Vega, en alusión al comunicado hecho público la
víspera por ETA, en el que llamó a la comunidad internacional a
participar en la estructuración de un proceso democrático que dé
solución al conflicto vasco.
La número dos del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero
manifestó a la organización clandestina vasca que carecen de valor
las declaraciones que no contemplen la renuncia definitiva y total
de la violencia.
Mientras no se produzca ese anuncio, claro y contundente, el
gobierno seguirá trabajando para acabar con ETA con las herramientas
del Estado de derecho, es decir, desde el ámbito judicial y
policial, remarcó.
En su mensaje, publicado en el diario Gara, la agrupación armada
aseguró estar dispuesta a reunirse con los mediadores
internacionales para estudiar los pasos que necesita el proceso
democrático, incluidos los compromisos que debe adoptar ETA .
Exteriorizó su respeto y agradecimiento hacia los firmantes de la
llamada Declaración de Bruselas, que en marzo pasado solicitó a la
organización un alto el fuego permanente y verificable y una
respuesta adecuada del ejecutivo del país ibérico.
Entre los signatarios de esa iniciativa figuran la Fundación
Nelson Mandela, los premios Nobel de la Paz Desmond Tutu, Frederik
De Klerk, Mary Robinson y John Hume y el ex primer ministro de
Irlanda Albert Reynolds.
En un primer comunicado divulgado el pasado 5 de septiembre, el
grupo separatista vasco anunció el cese de sus acciones armadas,
aunque no precisó si esa decisión era permanente o temporal.
Tanto la administración Zapatero como todos los partidos
políticos acogieron entonces el documento con escepticismo y lo
calificaron de insuficiente.
A juicio del poder central, esa propuesta podría ser un intento
para que las formaciones de la llamada izquierda abertzale,
ilegalizadas por sus presuntos vínculos con ETA, retornen a la
política de cara a las elecciones municipales de mayo de 2011.
Considerada por la Unión Europea como una organización
terrorista, ETA es señalada como responsable de la muerte de casi
900 personas en sus más de 40 años de acciones por la independencia
del País Vasco.
En el 2006, el grupo armado declaró un cese permanente de las
hostilidades al que puso fin ese mismo año con un atentado en el
aeropuerto madrileño de Barajas, donde hizo detonar un coche bomba
que mató a dos ciudadanos ecuatorianos.