No sería extraño, a juzgar por la amplia divulgación de llamados trapos sucios de algunos de los que optaron por esa responsabilidad en un primer proceso, a principios de año, en definitiva anulado posteriormente de tanto escándalo desatado.

Entonces sumaron 29 las solicitudes llegadas a la comisión de postulación, de donde ésta escogió seis supuestamente idóneos para darle al presidente Álvaro Colom la designación del también jefe del Ministerio Público (MP), como manda la ley.

Antes de suceder esto, agrupaciones de la sociedad civil presentaron impugnaciones a la actuación de ese grupo, al cual señalaron varias anomalías y, sobre todo, haber confeccionado la lista mucho antes de votar por ella.

En el ínterin, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló irregularidades cometidas nada menos que por cuatro de los seis nominados, algunos de ellos con cuentas pendientes con la propia justicia.

Tomó cartas en el asunto la Corte de Constitucionalidad (CC) al acoger favorablemente los amparos presentados y ordenó la repetición de la selección, pero igual los postuladores, inmutables, confirmaron idénticos nombres.

Llegó el momento de la verdad, cuando Colom se decidió por Conrado Reyes para dirigir la Fiscalía General durante los próximos cuatro años, pero el jurista duró escasos días en el cargo.

Nuevamente fue la CICIG la encargada de desatar la polémica, al acusar a Reyes de tener nexos con personas ligadas al crimen organizado y poner al MP en función de los intereses de esos grupos, muchos de ellos con accionar clandestino dentro del aparato estatal.

Esa grave acusación la divulgó personalmente el español Carlos Castresana en rueda de prensa, cuando simultáneamente informó de su renuncia a la dirección de la Comisión por los constantes obstáculos y ataques a su labor de esas agrupaciones.

Ante mayúsculo escándalo la CC declaró nulo el proceso y obligó a comenzarlo todo de cero, con la sugerencia casi una orden- de inhibirse a los postuladores, desmoralizados ante la opinión pública por las deficiencias en su trabajo.

Ello ocurrió el pasado 10 de junio y desde entonces funge como fiscal general y jefa del MP una magistrado designada con carácter temporal.

Después de largas dilaciones, por la negativa de varios postuladores a renunciar, fue juramentada una comisión para analizar los expedientes y formar una nueva candidatura, la cual será enviada al mandatario a más tardar el 24 de noviembre.

Ese grupo libró la convocatoria por la cual los abogados interesados pueden desde el pasado día 6 y hasta el próximo 30 presentar la papelería correspondiente.

Pero hasta ahora apenas rebasan la veintena quienes han pasado por la mesa habilitada solo para interesarse por los impresos establecidos, más nadie ha dejado solicitud alguna.

En esos formularios encuentran los requisitos que deben reunir los aspirantes, tales como ser colegiados activos, guatemaltecos de origen, tener 40 años o más de edad, poseer una reconocida honorabilidad y más de una década de experiencia en la profesión.

Y nuevamente varias organizaciones sociales hicieron sus advertencias: estarán vigilantes en aras de tener un proceso con la necesaria transparencia.