En las últimas dos décadas, según
fuentes oficiales, el 86 por ciento de los recursos del Gobierno
Central dominicano para sus gastos procedieron de la recaudación de
impuestos.
Sin embargo, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de
Transparencia Internacional, denunció que el Estado solo cuenta con
leyes que, de manera indirecta, impiden a funcionarios públicos y
sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de
beneficios tributarios.
Se ha calculado que unos dos mil 888 millones de dólares
estadounidenses RD$104 mil millones- se han esfumado en los últimos
10 años por actos de corrupción, reveló el encargado de la Comisión
Anti-corrupción formada por el gobierno.
Los impuestos están contemplados en la Constitución, en el Código
Tributario y disposiciones de la Dirección General de Impuestos
Internos. Sin embargo, el hecho cierto es que una parte de los
fondos públicos es consumida por la corrupción.
Casos como el de Verizon-América Móvil son expuestos
esporádicamente y llevados a juicio muy raras veces por la
Administración Tributaria.
La empresa Verizon Dominicana, propiedad absoluta desde 2006 de
GTE Holding Corporation constituida bajo leyes de Canadá, fue
liquidada y Canadá vendió el 100 por ciento de esta a Verizon
Holding Corporation. El mismo día Verizon Venezuela, propietario de
esta firma, se la vendió a la telefónica mexicana América Móvil,
S.A.
Las empresas involucradas entonces alegaron a la DGII que este
movimiento se hizo basado en perspectivas futuras de rendimiento de
las acciones traspasadas.
La DGII rebatió que teniendo en cuenta el valor actual en libros
comparado con el que tenían en 1982 da una ganancia para esa empresa
de mil 417 millones de dolares norteamericanos.
Al aplicar a esas utilidades la tasa de 25 por ciento, arrojaría
392.4 millones de dolares estadounidenses su deuda en impuestos, por
lo que la DGII reclamó de manera global 513 millones, pero después
de presiones de la embajada de Estados Unidos y del Tribunal
Contencioso, el adeudo fiscal se quedó en solo 170 millones.
Según reconoció la DGII, casos como el de Pimentel Karell y
Asociados, la Compañía Tenedora Eferja S.A. y Compañía Ortek S.A.,
acusados de fraude tributario en 2005, nunca pasaron de la
instrucción del caso.