Un total de 771 niños y jóvenes murieron
de manera violenta en Honduras desde el golpe de Estado de junio de
2009 hasta el primer semestre de este año, señala un informe
publicado aquí.
El documento, elaborado por la Plataforma de Derechos Humanos de
la Niñez y Juventud, fue dado a conocer luego de la matanza de 17
trabajadores en una zapatería de la ciudad de San Pedro Sula.
Ese caso es apenas la punta del iceberg de una tragedia que hasta
la fecha ha cobrado la vida de miles de jóvenes y ante la cual la
ciudadanía parece haberse acostumbrado, señala la organización.
De acuerdo con el estudio, la proporción de menores de 23 años
asesinados alcanzó niveles extremos tras la ruptura institucional y
durante el régimen de Roberto Micheletti, tendencia mantenida en el
gobierno de Porfirio Lobo.
Si en 2008 se registraron 45 crímenes por mes, en el segundo
semestre de 2009 y en el primero de 2010 el promedio mensual fue de
65 y 64, respectivamente.
Lo anterior significa que desde la ruptura del orden se ha dado
muerte a más niños, niñas y jóvenes por mes que en ningún otro
período de la historia reciente, precisa el informe publicado en el
sitio digital voselsoberano.com.
La Plataforma de Derechos Humanos denunció la deficiente o
inexistente labor policial en cuanto a brindar seguridad a la
población y su ineficacia a la hora de realizar las investigaciones,
lo cual genera un manto de impunidad.
Según las estadísticas, en el 98 por ciento de los casos se
desconocen los móviles y los autores de estas muertes.
El abanico de posibilidades va desde bandas organizadas del
narcotráfico, pandillas o venganzas particulares, hasta grupos de
exterminio parapoliciales, la mal llamada limpieza social, señala el
texto.
Hay también casos de violencia política, como la muerte de un
niño y dos jóvenes durante la represión de las fuerzas de seguridad
del régimen de Micheletti a las manifestaciones contra el golpe de
Estado.
El informe recoge, además, 30 violaciones sexuales y 63 arrestos
de menores de edad, entre otras transgresiones de las prerrogativas
ciudadanas.
En la elaboración del documento participaron varios grupos
integrados en la Plataforma, como Casa Alianza, el Comité para la
Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Prevención,
Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura.