"Mi hermano fue víctima de un complot internacional, en el que se encuentran numerosas personas que, al saberse investigadas por el Ministerio Público, huyeron del país y en la actualidad están protegidas por el gobierno de Estados Unidos", denuncia Lourdes Suárez Anderson, hermana del fiscal venezolano Danilo Anderson.

Anderson destacó por su compromiso con el juicio y el castigo a los responsables del golpe de Estado contra Chávez.

En entrevista desde Caracas, la abogada señaló que "pese a las innumerables solicitudes que hizo la Fiscalía en el sentido de traerlos a Venezuela", varios sospechosos han encontrado refugio y protección en el país que denuncia, según su conveniencia, a los demás como "patrocinadores del terrorismo".

De hecho, con la "desaparición" en Estados Unidos del banquero estafador Nelson Mezerhane, uno de los primeros en ser relacionados con el crimen, son ahora cerca de una docena los individuos vinculados de una forma u otra al asesinato del fiscal que radican en territorio estadounidense.

"Mi hermano, profundamente convencido de lo que hacía, asumió con mucha seriedad y valentía la investigación de los hechos del golpe de Estado contra el Presidente Chávez, los días 11 y 12 de abril del 2002", recuerda la abogada.

"Se convirtió desde ese momento en un enemigo y un blanco perfecto del odio de un grupo de personas que durante años hicieron lo que quisieron en el país y eran ‘los intocables’ —así los llamaba mi hermano—, logrando asesinarlo de la manera que lo hicieron", añadió la mujer que también tuvo que enfrentar amenazas de muerte.

"No conforme con lo que hicieron, lo atacaron salvajemente después de su asesinato, con el propósito de desviar las investigaciones y el interés de la colectividad¼ pero ya veremos, confío en la justicia", dijo.

"No pierdo las esperanzas de ver tras las rejas hasta la última persona que participó en ese asesinato", concluyó.

Ya en diciembre del 2004, los investigadores tenían resuelto en gran parte el caso desde el punto de vista material. Los hermanos Otoniel y Rolando Guevara organizaron el crimen pagando más de medio millón de dólares a los ejecutores, a través de su primo José Guevara, radicado en Miami. En la metrópoli de la Florida, José Guevara se beneficia de la protección del FBI con quien conspiró en el caso Montesinos.

Según la investigación, el ex agente de la inteligencia venezolana Pedro Lander elaboró la bomba, mientras otro, Johán Peña, colocó el explosivo bajo el carro. Peña y Lander, solicitados por la justicia venezolana, se encuentran en territorio norteamericano.

Una lista de los autores intelectuales del asesinato fue constituida entonces, muchos de ellos vinculados a la mafia cubanoamericana de Miami.

En noviembre del 2005, el fiscal general ordenó el arresto de Mezerhane, de la periodista Patricia Poleo, el abogado cubano Salvador Romaní, y del general golpista Eugenio Áñez. El general Jaime Escalante también fue investigado por haber participado presuntamente en el homicidio.

Encabezaba esta lista de sospechosos el policía asesino Henry López Sisco, un ex comisario torturador de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), con el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles. Ambos participaron en numerosos hechos represivos contra la izquierda venezolana en los años setenta.

Durante el golpe de Estado de abril del 2002, Henry López Sisco encabezó el asalto a la Embajada de la República de Cuba, junto al alcalde del municipio Baruta, Henrique Capriles Radonski, Salvador Romaní Jr. y Roberto Alonso. Todos han conspirado de una manera u otra en el caso.

Terroristas cubanos que radicaron durante décadas en Venezuela están activos en esta telaraña conspirativa, entre ellos Nelly Rojas, que actúa de secretaria de Posada Carriles, su marido Pedro Morales y Francisco Pimentel, quien fue cómplice de varias acciones terroristas de esta red.

Mezerhane, el financista estafador, accionista de Globovisión, que aparece entre los principales sospechosos del asesinato del fiscal, se encuentra ahora en Miami por ser el principal responsable de la quiebra del Banco Federal venezolano. Desapareció de Caracas robándose siete millones de dólares.

Otro socio de Posada Carriles, el general retirado Ernesto González González, se encuentra en Miami, donde se estableció con la evidente protección de organismos de Inteligencia estadounidenses. Ahí conspira con otros golpistas refugiados en el edén del terror, entre los cuales figuran ex dirigentes del partido COPEI y del Partido Acción Democrática (AD).

El 12 de abril del 2002, González fue quien secuestró al presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y huyó luego del país para consagrarse a la organización de acciones contrarrevolucionarias.

En la lista de sospechosos que buscaron en Miami un santuario, está también otro ex DISIP, Joaquín Chaffardet, quien como López Sisco fue formado por los servicios de Inteligencia de Estados Unidos en la famosa Escuela de las Américas.

El arresto de Alejandro Peña Esclusa, el "líder" fascista, con 900 gramos de C-4 y detonadores, y la detención en Caracas del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, un especialista de este explosivo formado por Posada, han aumentado las sospechas en torno a una red terrorista radicada en Miami.