.— La posición panameña
de buscar mayor coordinación con Bogotá para enfrentar a la
insurgencia colombiana concentra hoy la atención de diversos
sectores de la sociedad, inquietos por un posible traslado del
conflicto a este país.
En reciente visita a la vecina nación, el ministro panameño de
Seguridad Pública, José Raúl Mulino, calificó a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) de enemigo común.
Los pronunciamientos del funcionario generaron expresiones de
rechazo en el país, al considerar que una política de ese tipo
podría involucrar a Panamá en un escenario de confrontación que no
le corresponde.
Ex funcionarios de seguridad, dirigentes de la oposición política
y juristas coincidieron en las críticas a las declaraciones, toda
vez que al Servicio Nacional de Fronteras de esta nación le
corresponden únicamente funciones de carácter policial.
Asimismo, Panamá carece de una institución armada capaz de asumir
las funciones de ejército.
En un intento por minimizar el impacto de los pronunciamientos,
el ministerio de Seguridad negó la participación del país en la
lucha contra las FARC.
La institución señaló que en la visita se reiteró el compromiso
del gobierno nacional de fortalecer la lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo.
En los últimos años se reportaron varios incidentes armados en la
provincia de Darién donde se vieron involucrados efectivos de los
servicios Nacional de Fronteras y Aeronaval en choques con presuntos
miembros de la insurgencia.