.— Los guatemaltecos
ruegan hoy por un mejoramiento de las condiciones climáticas, a
pesar de ser poco alentadores las previsiones para los próximos
días.
Guatemala estuvo bajo la influencia de varios fenómenos presentes
en los océanos Atlántico y Pacífico desde el pasado jueves, con
mayor severidad el fin de semana por intensos aguaceros casi
ininterrumpidos, cuyas consecuencias dejaron 46 personas muertas.
Hace horas las lluvias cedieron un tanto, pero los meteorólogos
pronosticaron su continuación con la categoría de habituales para
una temporada llamada invernal, clasificada ya la de 2010 como la
peor de los últimos 60 años.
Decenas de aludes de tierra o deslizamientos menores han ocurrido
en estos días producto de la saturación de los suelos, causa
primordial de los decesos, para llevar al decreto de emergencia
nacional junto a otros factores.
Esos derrumbes también bloquean constantemente carreteras,
algunas de ellas vitales para el comercio interno y la exportación
de mercancías hacia los vecinos México, Honduras y El Salvador, con
las consiguientes pérdidas económicas acumuladas.
A estas se suman las de la agricultura, sobre todo por
inundaciones frecuentes al desbordarse los ríos, aún sin cuantificar
pero estimadas en una buena cantidad de algunos productos.
El más reciente parte ofrecido por la Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres asegura que 51 mil 249 ciudadanos fueron
afectados en todo el país.
Igualmente, 44 mil 502 están en riesgo, 272 son considerados
damnificados y 13 mil 234 fueron evacuados, de ellos siete mil 763
alojados en albergues, además de 55 heridos contabilizados.
Durante los meses de esta época lluviosa, iniciada en mayo, los
decesos suman 263 y los incidentes atendidos por los organismos del
sistema de esa institución son tres mil 626, el triple a los de 2008
que se mantenía como el peor en mucho tiempo.
En medio de esto al menos una buena noticia, cuando el Congreso
aprobó la ampliación presupuestaria solicitada por el gobierno para
atender la emergencia climática.
Después de estar bloqueada esa iniciativa durante semanas por la
oposición, los diputados de todos los colores partidarios definieron
por mayoría la liberación de fondos pedidos por mil 300 millones de
quetzales, unos 164,55 millones de dólares.