El gobierno boliviano anunció hoy nuevos programas para
garantizar un mayor acceso de la población al agua potable y
servicios sanitarios, considerados por Naciones Unidas un derecho
humano.
De acuerdo con el director de autoridad de Fiscalización y
Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), James
Ávila, un 70 por ciento de los bolivianos (siete millones de
habitantes) accede a ese beneficio.
El restante 30 por ciento, precisó, sobre todo en zonas rurales,
carece de ese servicio.
En una rendición de cuenta de la gestión de AAPS ante
organizaciones sociales, Ávila explicó además que la conexión de
alcantarillado llega al 55 por ciento de la población, que
representa alrededor de 5,5 millones de habitantes.
En la actualidad, la AAPS fiscaliza a un total de 600 empresas
vinculadas al servicio de agua y que se encuentran bajo el sistema
regulatorio en todo el país.
Según las proyecciones de la institución, para 2010 la meta es
llegar a un 75-80 por ciento de cobertura nacional en agua potable y
hasta 60 por ciento en el servicio de alcantarillado.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
señalan que Bolivia requiere una inversión de mil millones de
dólares para expandir la cobertura, mejorar y mantener la calidad en
el servicio de agua potable y alcantarillado.
El pasado 28 de julio, la Asamblea General de la ONU reconoció el
acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió a
garantizar que los casi 900 millones de personas que carecen del
líquido vital puedan ejercer ese derecho.
En una resolución adoptada por 122 votos a favor, ninguna en
contra y 41 abstenciones, la Asamblea estipuló también que el acceso
a los servicios sanitarios básicos es un derecho en vista de que la
contaminación del agua es una de las principales causas de
mortalidad en los países más pobres.
El texto, propuesto por Bolivia y copatrocinado por otros 33
Estados, recuerda que más de dos mil 600 millones de personas viven
sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que contribuye a la
muerte anual de 1,5 millones de niños por enfermedades relacionadas
con la falta de salubridad.
Antes de la votación, el embajador de Bolivia ante el organismo
mundial, Pablo Solón, subrayó la importancia de entender el acceso
al agua y al saneamiento como derechos y hacerlos realidad.