El gobierno colombiano descartó hoy cualquier posibilidad de diálogo con la guerrilla, luego que a ésta se le atribuyera la muerte de 14 policías en una emboscada en el departamento de Caquetá, reportó Prensa Latina.

El ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, sostuvo que por el momento es imposible cualquier acercamiento de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo insurgente al que se le adjudicó la autoría del referido ataque, ocurrido el pasado miércoles.

Vargas Lleras no descartó la posibilidad de llevar el caso a la Corte Penal Internacional por el modo en que fueron ultimados los policías.

Este viernes desde la ciudad de Florencia (Caquetá), cerca de donde tuvo lugar el citado ataque, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a las Fuerzas Militares arreciar los ataques contra la guerrilla.

"La orden que he dado a los comandantes, a los jefes de toda la policía es arreciar, arreciar y arreciar. No podemos bajar la guardia", dijo el mandatario.

Santos también anunció que a raíz de la emboscada las fuerzas castrenses estarán más presentes en los municipios del Caquetá.

Por otro lado ofreció una recompensa de 500 millones de pesos (unos 276 mil dólares) por información que lleve a las autoridades a capturar al jefe del Frente 15 de las FARC, presunto autor del ataque a la patrulla policial.

El secretario de gobierno de Caquetá, Edilberto Ramón Endo, atribuyó la acción a las FARC, pues acorde con las autoridades ese grupo armado tiene una significativa presencia en la zona.

En sus más recientes comunicados las FARC han manifestado su voluntad de buscar una salida política al conflicto armado interno.

Aseguran que aunque el gobierno colombiano mantiene cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia acicateado por el espejismo de una victoria militar y la injerencia de Washington, conserva irreductible su voluntad de hallar una salida política.

El grupo guerrillero considera que desde hace años el conflicto desbordó el marco de las fronteras nacionales a causa de las estrategias "preventivas" impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Bogotá.