Un conocido y viejo refrán advierte que "martes 13, ni te cases ni te embarques", pero al parecer un nutrido grupo de senadores chilenos no creen en esas "supercherías" del acervo popular y ese día del séptimo mes de este año aprobaron dos mociones que evidencian la insólita posición del Chile de hoy, dirigidas a sentar cátedra en materia de democracia y derechos humanos.

En la primera de ellas solicitaron al presidente Sebastián Piñera, en su condición de Ejecutivo del país, exigir una "actitud más vigilante" de los organismos internacionales sobre el próximo proceso electoral de Venezuela a realizarse el 26 de septiembre, así como que respalde lo que eufemística y cínicamente calificaron "el proceso de consolidación democrática en Honduras". En pocas palabras, reconocer el régimen de Porfirio Lobo, hijo de la dictadura de facto de Roberto Micheletti y, por supuesto, aunar filas con la derecha regional e imperial en sus sucias campañas contra la Venezuela bolivariana.

Nada mencionaron los preocupados y entusiastas legisladores, acerca de dos de los problemas puntuales que tienen lugar en el escenario político chileno y que hablan por sí solos de la doble moral que prima hoy en la clase gobernante del país austral: la huelga de hambre iniciada el 12 de julio último por más de una veintena de presos políticos mapuches, encarcelados en Concepción y Temuco, quienes de esa forma emplazan al gobierno del presidente Piñera a abordar su situación con la misma "pasión" con que se involucran en las acciones de la ultraderecha pro yanqui en otras partes del mundo.

El otro de los problemas tiene que ver con los estudiantes secundarios que el 31 de julio tomaron nuevamente y por algunas horas el Liceo Amunátegui, en lo que ya anunciaron constituye el preludio de nuevas movilizaciones en defensa y fortalecimiento de la educación pública, la gratuidad del pasaje escolar y el congelamiento del pasaje adulto del transporte público.

La acción realizada en uno de los lugares más emblemáticos del centro de la capital fue protagonizada por unos 70 dirigentes de más de 30 colegios de la Región Metropolitana, quienes fueron detenidos por las fuerzas especiales de Carabineros con la brutalidad que los caracteriza y trasladados a la tercera comisaría. El movimiento estudiantil, que meses atrás puso en jaque al gobierno de Michelle Bachelet, vuelve a pronunciarse en contra de un sistema de enseñanza que privilegia el lucro antes que el derecho a la educación y cuya orientación es eminentemente elitista.

Las nuevas protestas estudiantiles y la huelga de los presos políticos mapuches se producen en momentos en que fuentes oficiales han admitido que en Chile la pobreza de la población aumentó en los últimos años del 13,7% al 15,1%, lo cual afecta ahora a más de 2,5 millones de habitantes. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2009 (CASEN) reveló, además, que la extrema pobreza que afectaba a 516 000 personas, según datos oficiales, creció a 634 000.

Mientras, el nuevo gobierno, cuyo gabinete está integrado en su inmensa mayoría por tecnócratas graduados en la Universidad norteamericana de Harvard y afines al pinochetismo, comienza a mover las fichas para hacer retroceder los pocos y tímidos logros alcanzados durante el mandato anterior en materia de justicia social y privilegiar, en su lugar, los intereses de la oligarquía nacional y las transnacionales extranjeras.

Es en ese contexto, en el que la lucha del pueblo mapuche cobra más fuerza y es más brutal la respuesta gubernamental contra sus demandas, que el gobierno de Sebastián Piñera comienza a mostrarse sin tapujos como franco violador de los derechos humanos y las libertades civiles.

Contra el pueblo mapuche se aplica la Ley antiterrorista 18.314, que fue redactada y aprobada por el régimen fascista de Pinochet y que sistemáticamente se emplea contra ellos por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales relacionados con la reivindicación de sus tierras ancestrales, las cuales les son arrebatadas con la anuencia del poder ejecutivo y legislativo por intereses del capital monopolista nacional y trasnacional en las esferas agrícola y forestal.

Para tener una idea del porqué el dedo acusador a la política del gobierno chileno contra las justas demandas del pueblo mapuche, basta recordar que la sola aplicación de la Ley Antiterrorista entra en contradicción con el artículo 16 de la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. De la misma forma lo hace respecto al artículo dos de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y los artículos 2, 14 y 27 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

La Ley Antiterrorista, en efecto, por su letra y espíritu, no garantiza adecuadamente el debido proceso al permitir mantener el secreto de la investigación por largos periodos, y al admitir la protección de los testigos, dando lugar a la existencia de los llamados testigos sin rostro en los procesos que se siguen basándose en ella. De la misma forma, posibilita la intercepción de las comunicaciones del imputado al impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva.

Asimismo, la referida legislación ha sido cuestionada por establecer una elevada penalidad, la que duplica en varios casos a aquella establecida en la legislación ordinaria y donde el acusado puede ser procesado de conjunto por cortes civiles y militares y demorar años en que se inicie su proceso.

Es contradictorio —como ya argumentan algunos comentarios de prensa— que "los sectores que apoyan huelgas de hambre para liberar presos comunes en otras naciones ignoren ellos y el poder mediático que los acompaña en sus correrías, que en la cárcel de El Manzano, en la zona de Concepción, al sur de Chile, los presos mapuches iniciaron una huelga de hambre como única forma de responder a la que señalan es una campaña en su contra, orquestada desde la derecha política, con el objeto de buscar condenas anticipadas por parte de la opinión pública".

En el sitio digital Rebelión, la comentarista Lucía Sepúlveda Ruiz revela que "siete de los presos en la cárcel El Manzano de Concepción están siendo juzgados simultáneamente por la justicia civil y la militar, en clara vulneración de sus derechos. La decisión de estos prisioneros es un llamado a visualizar los montajes de los que han sido objeto, según acusan, a través de los fiscales y la policía con la colaboración de la prensa. Alegan que se les ha condenado en forma anticipada a través de los medios, que los sindican como terroristas aunque ninguno de ellos ha estado involucrado en hechos de sangre. Todos los imputados han participado en acciones ligadas a recuperación de tierras ancestrales".

Actualmente, se conoce de la existencia de 57 presos políticos mapuche que incluyen a 2 mujeres y 2 menores de edad, quienes demandan "el fin de la ley antiterrorista creada por Pinochet y de la justicia militar, ambas legislaciones utilizadas hoy contra los mapuches; libertad a todos los presos políticos mapuches encarcelados a lo largo de Chile y derecho al debido proceso, sin utilización de testigos sin rostros, sin tortura ni extorsión". Se manifiestan finalmente por la desmilitarización de las comunidades y zonas mapuches constantemente allanadas por reivindicar derechos políticos y territoriales.

El prestigioso analista Atilio Borón, en un comentario de prensa publicado en relación con la huelga de hambre de los presos políticos mapuches ha expresado: "el Estado de derecho en Chile, tan alabado por analistas y opinólogos al servicio del imperio, hace posible una aberración jurídica que sin embargo no provoca ningún comentario: que los detenidos puedan ser juzgados por la Justicia Civil y también por la Militar, por lo que corren el riesgo de ser condenados en dos diferentes fueros por los mismos delitos que supuestamente habrían cometido".

Y cuando creíamos que la Ley Antiterrorista era todo, conocemos que en la región de la Araucanía se han militarizado comunidades enteras por las fuerzas especiales de carabineros, que han colocado cámaras de vigilancia, dispuesto un cerco militar y la prohibición de salir a sus pobladores, así como allanamientos de moradas. Un caso que no debe ser una excepción es el relacionado con un retén militar ubicado en la finca particular de René Urban, acusado de ser miembro en la década de los años 70 de la organización paramilitar Patria y Libertad, con el objetivo de cuidar "bienes y hacienda" del sí probado terrorista devenido terrateniente.

Esto ocurre en Chile, cuando en otras tierras de la región los pueblos originarios ascienden al ejercicio de sus derechos y se convierten en protagonistas de los cambios políticos.