El gobierno boliviano ratificó la lucha frontal contra el contrabando y adelantó entre las medidas a la Ley General de Aduanas, que actualmente se debate en el Legislativo, reporta Prensa Latina.

En diálogo con la prensa, el presidente interino, Álvaro García -debido al viaje de Evo Morales a la Cumbre de MERCOSUR en Argentina-, señaló que esa norma afectará a los magnates del comercio ilegal y no a simples miembros de ese gremio.

Al respecto estimó innecesarias las marchas de comerciantes de varias regiones de La Paz y de Oruro que mantienen colapsado el tráfico vehicular y principales accesos a la sede de gobierno.

También señaló la necesidad de acabar con el contrabando que desangra al Estado y que atenta contra las políticas sociales en beneficio de la población más empobrecida.

Según estadísticas oficiales, la economía boliviana deja de percibir cada año unos 375 millones de dólares a consecuencia de las evasiones tributarias del contrabando.

García afirmó que el país no puede capitular ante ese flagelo, porque es rendirse ante un "puñado de pulpos, que se quedan con el dinero que debe ir al Estado", remarcó.

Insistió en que la nueva Ley de Aduanas es buena para el país, el Estado, el pueblo y el comerciante, y es rechazada únicamente por los "grandes contrabandistas".

Asimismo explicó la importancia del pago de los impuestos, fondos que permiten brindar ayudas económicas en forma de bonos que actualmente reciben escolares, ancianos y mujeres embarazadas.