General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,

Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular,

Diputadas y diputados,

Invitadas e Invitados:

La actual División Político Administrativa, aprobada por la Ley No. 1304 de 3 de julio de 1976 del Consejo de Ministros como órgano con facultades legislativas y amparado en la Ley de Tránsito Constitucional, refrendó jurídicamente las decisiones adoptadas al respecto en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, resultado de una ardua labor de estudio durante varios años. La referida norma se ajustó además a lo establecido en la Constitución socialista proclamada el 24 de febrero de ese propio año 1976.

Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, tuvo a su cargo la presentación del Proyecto de Ley.

Entre sus objetivos estaba simplificar las estructuras político-administrativas en que se dividía el territorio nacional, eliminando las regiones como instancia de dirección y disminuyendo el número de municipios pequeños que había proliferado durante la etapa de provisionalidad, así como aumentar el número de las provincias haciéndolas más pequeñas, de acuerdo con las necesidades del desarrollo económico social y la distribución poblacional. Propendía con ello, además, a facilitar la relación entre las instancias inferiores y superiores de dirección, disminuir las necesidades de personal administrativo, dar mayores funciones y facultades a los órganos locales del Poder Popular, y acercar al pueblo a las soluciones locales.

De ese modo, el territorio nacional quedó dividido en las actuales 14 provincias y 169 municipios, incluido el municipio especial Isla de la Juventud. Recordemos que al triunfo de la Revolución existían 6 provincias y 126 municipios, una distribución territorial casi similar a la establecida por el régimen colonial español en 1878. Al momento de dictarse la Ley No. 1304, el territorio nacional comprendía igual cantidad de provincias, 58 regiones y 407 municipios o seccionales.

Aunque constituyó sin dudas una decisión relevante en el proceso de institucionalización del país, el hecho de que su implementación se llevara a cabo simultáneamente con la implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía y la extensión a todo el país de los órganos del Poder Popular —experiencias todas novedosas para aquel entonces—, presuponía la posible revisión de la División Político-Administrativa, en dependencia de sus resultados prácticos.

En aquel momento se planteó la conveniencia de que más adelante se examinara e hicieran los ajustes para su perfeccionamiento, tal como aparece en el texto de la resolución aprobada en 1986 durante el Tercer Congreso del Partido "Sobre el Perfeccionamiento de la División Político-Administrativa del país", a partir del trabajo de una comisión designada por el Buró Político en el año 1983.

La citada resolución ratificó la validez de los principios y objetivos de la División Político-Administrativa y planteó corregir determinadas limitaciones e insuficiencias. Algunas propuestas se implementaron posteriormente, como los consejos populares o los distritos en Camagüey y Santiago de Cuba, pero otras fueron postergadas por distintas razones.

El 9 de febrero del año 2007 el Consejo de Estado acordó constituir una comisión presidida por el vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Jaime Crombet, e integrada por representantes de diversos organismos e instituciones, con el objetivo de estudiar la División Político-Adminstrativa, al igual que los límites territoriales de las provincias y los municipios, y proponer las adecuaciones para su perfeccionamiento.

La comisión realizó un profundo trabajo que incluyó un análisis integral sobre la eficacia y las disfunciones en la labor de los órganos locales del Poder Popular, sus estructuras administrativas, unidades de producción y servicios en las provincias y municipios del país, de acuerdo a su estructura territorial, índices demográficos, desarrollo económico y social y perspectivas. Como resultado de esa labor la comisión presentó recomendaciones abarcadoras, con implicaciones en una parte importante del país.

En resumen, como se conoce, la propuesta concibe la creación de dos nuevas provincias denominadas Artemisa y Mayabeque, a partir del territorio de la actual provincia de La Habana y de la incorporación de los municipios de Bahía Honda, Candelaria y San Cristóbal, pertenecientes a la de Pinar del Río. De ese modo, cada una de esas tres provincias occidentales quedaría con 11 municipios, más cercanos entre sí, lo que facilitará el funcionamiento y la labor de coordinación y cohesión de los órganos, organismos e instituciones a ese nivel, así como permitirá un mejor proceso de dirección y administración, contribuyendo al desarrollo de los principales renglones productivos, en particular la producción de alimentos.

Resulta significativo destacar que esas dos provincias surgirán con capital propia y sin el pesado lastre burocrático presente en parte de las estructuras de los órganos locales del Poder Popular, lo que tendrá influencia en las relaciones de estos órganos con los organismos de la Administración Central del Estado, ajustándose a nuevas concepciones más racionales y funcionales.

La creación de esas dos nuevas provincias permite a la actual provincia de Ciudad de La Habana recuperar su nombre histórico de provincia de La Habana.

Otra propuesta incluye la extinción del municipio de Varadero, incorporando su territorio al municipio de Cárdenas.

Es un asunto analizado con anterioridad en varias oportunidades. Las características y complejidades propias de Varadero, en el que están presentes situaciones que rebasan los marcos municipales e incluso provinciales, así como su significativa importancia para el desarrollo económico del país, fundamentaron la decisión de crear para la atención de la península de Hicacos un Representante del Consejo de Ministros, con facultades de coordinación y control del cumplimiento de la política prevista por el Gobierno para ese territorio.

La última de las propuestas consiste en trasladar la cabecera del municipio de Manuel Tames para el actual consejo popular de Jamaica, perteneciente en la actualidad al municipio de Guantánamo.

En ello se ha tenido en cuenta el crecimiento territorial y de población que asume el municipio, que Jamaica cuenta con una infraestructura superior, está ubicada más cerca de la capital provincial y de varios asentamientos que formarán parte de ese territorio.

El Consejo de Estado queda encargado para aprobar las modificaciones a los límites territoriales de las provincias y los municipios, como consecuencia de los cambios introducidos. Igualmente, tendrá que adoptar un grupo de decisiones para la reorganización y constitución de los órganos locales del Poder Popular, entre ellas las dirigidas a la elección de delegados provinciales y la posterior designación de los consejos de la administración en las nuevas provincias.

Comoquiera que una vez aprobada la ley por esta Asamblea resulta necesario ejecutar diversas decisiones relativas a la creación de condiciones materiales y organizativas para la aplicación de estos importantes cambios, en la Disposición Transitoria Primera se establece que esta norma no entrará en vigor plenamente hasta tanto sean instaurados los órganos provinciales del Poder Popular en Artemisa y Mayabeque, así como se culmine el proceso de reordenamiento de los municipios de Varadero y Manuel Tames.

Es oportuno destacar la atribución otorgada al Consejo de Ministros para realizar los ajustes pertinentes en el funcionamiento y las estructuras administrativas en las nuevas provincias que se constituyen, con el objetivo de lograr un uso más racional de los recursos materiales y humanos y una mayor funcionalidad; así como extender esas experiencias al resto de las provincias y municipios del país, cuando se considere oportuno.

Compañeras y compañeros:

Los cambios propuestos a la actual División Político- Administrativa han sido analizados en cada una de las provincias y municipios que sufrirán variaciones en su ámbito territorial con los organismos de dirección del Partido, el gobierno, las organizaciones de masas y la población, lográndose un alto nivel de aceptación.

Ello no significa desconocer la existencia de criterios discrepantes o preocupaciones sanas de algunos ciudadanos y de los propios diputados. En una propuesta de esta naturaleza es imposible alcanzar la unanimidad. Conlleva siempre ciertos efectos en el ámbito sociológico, debido a los profundos sentimientos y tradiciones arraigadas por varias generaciones en su vínculo histórico con un territorio. Se requiere la mayor comprensión y anteponer los intereses de la nación por encima de cualquier interés local.

La aprobación de esta ley constituirá un paso trascendente para el continuo perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular y estructuras del Gobierno en las diferentes instancias, e incidirá en el fortalecimiento del papel de nuestro pueblo en el ejercicio del poder revolucionario.