LOURDES PÉREZ NAVARRO

Por primera vez la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos realizó este sábado un recuento de su trabajo ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a partir de un informe presentado por su presidente, José Luis Toledo Santander.

Esta comisión permanente fue creada el 28 de mayo del 2008 en un momento en que se hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad, la educación cívica, y el acatamiento y cumplimiento de las normas jurídicas.

Toledo Santander enfatizó en la responsabilidad que tiene esta comisión, integrada por 30 diputados, en el desarrollo de las acciones que se emprenden en el país dirigidas a fortalecer la Revolución y al mismo tiempo introducir todos los cambios necesarios en nuestra sociedad para hacerla más eficiente y perfeccionar el socialismo.

Durante esta etapa, dijo, han encaminado su gestión al fortalecimiento de sus métodos y estilo de trabajo, en interés de lograr una relación más efectiva en el control y fiscalización a los órganos del sector jurídico, mayor vínculo con la base, las organizaciones sociales y de masas y el pueblo en general.

En tal sentido, prestan especial atención al cumplimiento de los lineamientos y objetivos de trabajo relacionados con el asesoramiento a la dirección de la ANPP y al Consejo de Estado en los asuntos que le son consultados, en la revisión de distintas normativas jurídicas, en la elaboración de dictámenes en el ejercicio de la función de ejercer el control primario de constitucionalidad en los proyectos legislativos que se presentan a la consideración del Parlamento; así como en la realización de debates públicos que contribuyen al mejor conocimiento sobre programas de interés nacional e información y divulgación de las leyes.

Toledo Santander señaló como una de las mayores insatisfacciones del trabajo de la comisión, el no contar con un amplio desarrollo de la labor legislativa de la ANPP, al no disponer, como los tiempos actuales exigen, de suficientes proyectos de leyes para su análisis, debate y aprobación final por los diputados en las sesiones ordinarias. En los últimos años solo se han aprobado leyes relativas a la Seguridad Social, al Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba, de la Contraloría General de la República de Cuba y del Presupuesto del Estado.

Al respecto, el diputado Lázaro Barredo, director del periódico Granma, apuntó que, en la práctica, desde hace varios años la función legislativa de la ANPP ha sido sustituida por la facultad concedida al Consejo de Estado de legislar, mediante Decretos-Leyes, sobre aquellos asuntos que requieren una acción inmediata. Recordó que en la pasada legislatura, por ejemplo, los diputados discutieron únicamente el proyecto de ley sobre el presupuesto del Estado.

En aras de garantizar la institucionalidad que reclama la dirección del país —subrayó—, vista como la voluntad de que todos cumplan estrictamente lo establecido en la Constitución de la República y en las leyes, se impone contar con un programa legislativo de la Asamblea Nacional. Los diputados, dijo, deben tener un conocimiento amplio de la legislación, no solo meses antes de ser estas discutidas.

Resaltó la necesidad de fortalecer el funcionamiento de todas las instituciones del Poder Popular para preservar hacia el futuro el lógico trabajo del Estado y del Gobierno. Sin un programa legislativo, enfatizó, será muy difícil que la ANPP pueda cumplir con su función legislativa, así dispuesta en la Constitución.

Sobre el tema, María Esther Reus, ministra de Justicia, informó que desde el 2008 la institución que dirige trabaja en un proyecto de programa legislativo del Gobierno que se concilia con todos los Órganos de la Administración Central del Estado. En un primer momento éste abarcó 37 leyes y se actualiza anualmente.

Se evaluó, además, un conjunto de normas que deberán ser elaboradas para la próxima legislatura, después del 2013.

El programa está diseñado —destacó—, mas, lamentablemente la planificación por sí sola no resuelve nada, se requiere de la ejecución, de que los ponentes, que son los Órganos de la Administración Central del Estado, cumplan con la disciplina de presentar la norma en tiempo y forma, para que la Asamblea pueda evaluarla como corresponde.