Perfeccionar
e impulsar el cumplimiento de los contratos económicos, la base
legislativa, el respeto al Derecho y el papel del asesor o consultor
jurídico, constituyen fundamentos esenciales para una economía
eficiente, aseguró Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal
Supremo Popular, al intervenir en la jornada matutina de la comisión
de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Al
analizar las principales causas y condiciones que generan demandas
de contenido económico, el magistrado señaló que el 86,1% de las
presentadas ante los tribunales hasta el cierre del pasado mes de
junio, está motivado por el incumplimiento de la obligación de pago.
En contraste —por ejemplo— apenas el 4% tiene su origen en
faltantes y demoras en los suministros, y el 2,7% en problemas de
calidad, cifras que en modo alguno son conciliables con el
comportamiento real de estas problemáticas. A esto se une la
insuficiente utilización de la vía judicial para dirimir los
conflictos económicos.
Durante el debate —en el que estuvo presente Homero Acosta,
secretario del Consejo de Estado— los diputados concluyeron que se
aprecia un conocimiento insuficiente o superficial del papel
ordenador y regulador de los contratos económicos, así como inercia
e irresponsabilidad en algunos cuadros directivos ante estos
procedimientos de gran importancia para lograr una economía
eficiente. A la par manifestaron preocupación por el desempeño y
utilización de los asesores jurídicos.
Sobre el estado actual y funcionamiento de los servicios
jurídicos en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos expuso
su presidente, Ariel Mantecón Ramos, durante la sesión vespertina.
Subrayó que aun cuando en lo que va de año el 42% de los ingresos
de la organización proviene de la contratación a personas jurídicas
(empresas), resulta insuficiente la atención al sector agropecuario,
al prestar servicio al 11% del total de entidades de este tipo
existentes en el país, labor que comparten con las consultorías y
asesorías jurídicas pertenecientes al Ministerio de Justicia.
Los miembros de la comisión apuntaron la necesidad de reforzar el
asesoramiento jurídico del sector agropecuario, de gran interés para
la economía del país; entre otras formas, estimulando la
especialización de los juristas en el Derecho Agrario.