Parece que fue ayer pero, cuando en cualquiera de los hogares cubanos se revisan los comprobantes de pago, salta a la vista que hace ya alrededor de cinco años comenzó en el país la sustitución de equipos electrodomésticos ineficientes, una de las medidas de mayor impacto social dentro de la llamada Revolución Energética.

En un proceso inédito hasta entonces, se cambiaron millones de bombillos de manera gratuita y se puso en práctica la entrega de refrigeradores, aires acondicionados, ventiladores, calentadores de agua, hornillas, ollas arroceras y multipropósito, entre otros aparatos y utensilios que mejoraron el confort familiar.

En lugar del pago inmediato del producto, la persona beneficiada suscribió un compromiso ante la sociedad para su liquidación posterior en efectivo o a través de crédito bancario, en un plazo que no debía exceder los 30 días una vez firmado el documento.

Lo cierto es que si bien la inmensa mayoría de los núcleos familiares respondió favorablemente a lo pactado y saldaron sus deudas, en otros casos la morosidad y la falta de voluntad de pago han estado presentes, unido también a una buena dosis de descontrol en algunos de los mecanismos encargados de llevar adelante tamaña empresa.

A modo de ejemplo, hasta el cierre de junio en Camagüey había ingresado al presupuesto del Estado el 93% del valor de los equipos distribuidos y controlados en sus 13 municipios, aunque la situación más desfavorable se presenta en la ciudad cabecera provincial, la que apenas rebasa el 89% de lo previsto.

En números exactos, quedan aún por recaudar en esa provincia alrededor de 92 000 000 de pesos, cifra a la que es posible acercarse si cada deudor asume de manera responsable y voluntaria su deber moral para con la sociedad y procede al pago inmediato de los equipos que, sin lugar a dudas, mejoraron la calidad de vida de la población.

En cada territorio se crearon grupos de trabajo encargados de atender diferenciadamente a las personas o núcleos familiares con dificultades financieras o de solvencia económica para saldar sus compromisos por los artículos adquiridos a través del programa de la Revolución Energética.

Solo en Camagüey más de 3 000 casos han sido tramitados y resueltos hasta la fecha, entre los que figuran jubilados y pensionados, beneficiarios del régimen de asistencia social, discapacitados, amas de casa, estudiantes y personas sin vínculo laboral, con quienes se establecen convenios para facilitarles la liquidación de sus adeudos.

En situación muy diferente están aquellos que se niegan a pagar, pretenden pasarse de listos para evadir sus obligaciones o no responden a los requerimientos de las autoridades. Para ellos se reservan medidas más severas, ya en proceso de implementación, que van desde el embargo salarial hasta demandas ante los tribunales municipales y provinciales.

Desde el último trimestre del pasado año se avanza en la depuración de los deudores de cada territorio, proceso que, una vez concluido, permitirá agilizar la gestión de cobro, arreciar las medidas contra los incumplidores e incrementar las transferencias a las arcas del Estado.