"Los documentos también indican que los reguladores hicieron caso
omiso de las recomendaciones de sus propios asesores, que les
animaban a forzar a los bancos a que aceptaran hacer constar como
pérdidas sus transacciones con AIG, en vez de tener que cancelar la
totalidad de las deudas de esos mismos bancos. Esta decisión ha
costado miles de millones de dólares adicionales procedentes de los
bolsillos de los contribuyentes. Además, se trata de una decisión
incongruente con la dura posición precedente de la Casa Blanca,
cuando en el año 2008 forzó a los acreedores de Chrysler a anotar
pérdidas en sus balances, cuando el sector público acudió al rescate
del gigante automovilístico."
Pero lo mejor del texto no está solo en lo que se refiere al
rescate realizado de forma encubierta:
"Cuando a finales del 2008 el sector público puso en marcha la
operación de rescate del gigante hundido mediante un salvavidas de
182 000 millones de dólares, se requirió a AIG a que renunciara a
sus derechos para presentar demandas contra diversos bancos
—incluidos Goldman, Société Générale, Deutsche Bank y Merrill Lynch—
en lo tocante a cualquier irregularidad acaecida con los seguros
hipotecarios que estas entidades contrataran con anterioridad a la
explosión de la crisis."
Allí donde habla de irregularidades en realidad debería escribir
la palabra fraude, algo que estaba —y sigue estando— enquistado en
el sistema. El fraude es el principal mecanismo criminal en manos de
la clase saqueadora. Yves Smith se zambulle a fondo en cómo se gestó
el crimen y en sus autores. Es fundamental entender que la mayor
parte de los actores del sector público no solo fueron colaboradores
necesarios de la clase saqueadora, sino que estuvieron implicados
hasta las trancas en esos tejemanejes. Chris Whalen, del
Institutional Risk Analyst (IRA), ha contado cosas interesantes en
otro interesante artículo sobre el "enemigo público nº 1", Robert
Rubin (fue secretario del Tesoro de William Clinton después de
trabajar 20 años en Goldman Sachs), del que escribe:
"Cualquier persona razonable muy bien podría decir que Robert
Rubin ha sido el arquitecto principal tanto de la crisis financiera,
como de la magnífica estrategia seguida por Wall Street en punto a
minimizar los daños políticos derivados de la crisis de las
hipotecas basura. Desde su equivocada gestión de la política sobre
el dólar del Tesoro de Estados Unidos a mediados de la década de
1990 y su rescate de México (ejecutado por Goldman Sachs y otros
negociantes de Wall Street), así como el rescate de Citigroup y AIG
en el 2008, Rubin ha cumplido con creces las mayores expectativas
que en el peor caso pudieran tenerse sobre hasta dónde puede llegar
la doblez de nuestros servidores públicos.
"Pasadas casi dos décadas desde su primera migración a
Washington, parece que sigue llevando la batuta de la política
financiera y económica de Estados Unidos con el pleno apoyo del
presidente Barack Obama. A través de sus marionetas preferidas —el
secretario del Tesoro, Tim Geithner, y el zar de la política
económica, Larry Summers—, Rubin ha pilotado la defensa de Wall
Street tras la gran crisis".
La operación rapaz perpetrada por la clase saqueadora se ha
convertido en un asunto de política pública general. La clase
saqueadora está utilizando la consumada transferencia de las
pérdidas privadas (esto es: del fraude) a las cuentas públicas como
mecanismo de extorsión sobre el conjunto de la economía para lograr
que se le cancelen todas sus deudas. El profesor Hossein-Zadeh, de
la Drake University, escribe:
"Nunca antes tan pocos operadores financieros de Wall Street (el
mayor casino de la historia) y un puñado de jóvenes homólogos suyos
diseminados por el mundo (y particularmente por Europa) habían hecho
recaer una cantidad tan enorme de deuda sobre las espaldas de tantas
personas.
"No es completamente insólita la existencia de deuda exterior
soberana y de impagos ocasionales de la misma. Lo que de veras
resulta singular de la actual deuda soberana global es que
mayoritariamente se trata de deuda privada convertida en deuda
pública; es deuda acumulada por especuladores financieros que
después se ha transferido al sector público para que la pagaran los
contribuyentes en forma de deuda nacional. Una vez rescatados los
banqueros salteadores "banksters" insolventes, han sido los sistemas
públicos los que han incurrido, o casi, en situaciones de
insolvencia, por lo que han exigido a sus ciudadanos que se
estrechen el cinturón para saldar una deuda de la que no han sido
responsables.
"¡Tras transferir billones de dólares de deuda basura o activos
tóxicos de los libros de contabilidad de los especuladores a los del
sector público, los magnates financieros globales, así como sus
representantes en el aparato estatal y en las grandes empresas de
comunicación, ahora se encargan cumplidamente de responsabilizar al
gasto social (esto es: a la ciudadanía) de la deuda y del déficit!".
Esta deuda es ilegítima y debe rechazarse. Inyectar dinero en una
economía que tiene un sistema financiero criminal no es la solución,
y no importa cuánto dinero se le transfiera, puesto que la economía
seguirá en una situación moribunda. Los crímenes de mayor
envergadura son los que se cometen a la vista de todo el mundo: su
desmesura es su mejor blindaje. A la gente le resulta inconcebible
que se produzca una actividad criminal a escala gigantesca. Pero
este ha sido el modo en el que durante el último cuarto de siglo ha
perpetrado sus crímenes nuestra clase saqueadora, llegando al punto
culminante con el colapso de la economía global y la transformación
masiva de pérdidas privadas en deudas públicas. La clase saqueadora
consiste en una sociedad que tiene sus sedes principales en Wall
Street y el Tesoro de Estados Unidos, con muchas filiales repartidas
por todo el sistema bancario y otras entreveradas en el sector
público. Al final solo se les podrá detener mediante un esfuerzo
concertado de todo el pueblo estadounidense exigiendo la
recuperación para sí propio del sector público y del control de su
destino económico. Es indispensable llevar a la clase saqueadora
ante los tribunales de justicia.